La justicia española ya venía arrastrando una fama más que dudosa en Europa desde hace años. Y no me refiero a la justicia ordinaria, que cumple su papel probablemente apretada de medios, sino a las altas esferas de la magistratura, esa justicia que precisamente permanece demasiado vinculada al poder ejecutivo. Ya son unos cuantos los tirones de oreja de los tribunales europeos a la justicia española puntualizando, corrigiendo e invalidando sentencias sospechosas de haber sido dictadas a impulsos políticos.
Pero por si fuera poca vergüenza el descrédito internacional acumulado, asistimos atónitos ahora a las torpezas domésticas que ponen en solfa la solvencia profesional de algunos magistrados que quizá siguen creyendo que las togas y las puñetas son garantía de infalibilidad. Viene esto a cuento de las intromisiones de la denominada Junta Electoral Central (JEC) en el normal desarrollo de los comicios.
Cierto que la Ley Electoral es una antigualla que precisa de una reforma urgente, pero es un riesgo evidente que la JEC es incapaz de sortear respetando la libertad de expresión, de manera que no se obligue a intervenir en el debate a quien no quiere, impidiéndoselo a quien quiere y al mismo tiempo respetando la libertad de información de los profesionales y la libertad de diseño de cada debate.
Las instrucciones sobre los debates electorales reconocen su contribución al fortalecimiento y desarrollo del proceso democrático y, más o menos, todo ha ido en orden mientras persistió el bipartidismo; pero el criterio de la JEC enloquece cuando aparecen nuevos contendientes, o cuando la coyuntura política distorsiona la habitual placidez de esa institución. Ya fue un desbarajuste cuando decidió prohibir a Junqueras y a Jordi Sànchez la participación en debates y las declaraciones a los medios, pero el disparate fue en aumento cuando determinó descartar a Vox y repentizar en TVE un debate que ya estaba programado en Atresmedia. Demasiado mangoneo, el de la JEC, que puso los pelos de punta a multitud de juristas competentes.
Conviene tener en cuenta quiénes son los componentes de tan todopoderosa institución. De acuerdo al artículo 9 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la JEC la componen ocho magistrados del Tribunal Supremo designados por el Consejo General del Poder Judicial y cinco catedráticos de Derecho designados por los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. Conociendo hacia dónde se inclinan la balanza del TS y la del CGPJ, cómo iban a dar al candidato del PSOE la oportunidad de señalar con el dedo a las tres derechonas en un debate organizado por una cadena privada.
Le llovieron las críticas a la JEC por sus intromisiones, pero la volvió a liar eliminando de las listas electorales de Lliures per Europa a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí y denegándoles el ejercicio de su derecho fundamental de sufragio pasivo. Por supuesto, la medida fue aplaudida hasta la euforia por los partidos contrarios al procès y por la caverna mediática. Sin embargo, la reacción entre los profesionales del Derecho fue fulminante porque las razones esgrimidas por la JEC para esa exclusión no se sostenían jurídicamente. Una vez más, la JEC actuando a impulso político, pero en esta ocasión de manera tan torpe que para salir del embrollo se ha vivido uno de los episodios más chuscos en la ya baqueteada justicia española.
El despropósito jurídico perpetrado por la JEC ya hubiera sido el cachondeo en Europa, pero la metedura de pata se volvió esperpento tras haber tomado cartas en el asunto el Tribunal Supremo en una original sentencia no sentenciada en la que advertía del error jurídico que suponía la eliminación de Puigdemont y sus compañeros de exilio de la lista a las elecciones europeas, pero remitiendo a los tribunales ordinarios la responsabilidad de dictar sentencia. El tribunal de lo contencioso administrativo resolvió la merdé elaborada por la JEC y los tres independentistas exiliados podrán presentarse a las elecciones.
La mayoría de vocales de la JEC pretendió quedar bien castigando a los independentistas, pero Puigdemont, Comín y Ponsatí están en pleno uso de sus derechos políticos y no han hecho hasta el momento otra cosa que ejercer el derecho reconocido en el artículo 19 de la Constitución española. No ha sido Puigdemont quien ha huido de la justicia española, sino la justicia española la que ha huido de la justicia alemana y de la belga, que no han aceptado la acusación del delito de rebelión. Así que la Junta Electoral Central, por ser más papista que el Papa, la volvió a liar.
