TIENE bemoles que haya una ley para evitar al ciudadano la certeza sobre el proceder de quien le gobierna, pese a que lo intuya porque, como dijo Azaña, “en España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro”. Manda Trillos que esa ley pueda adjetivar ese secreto como oficial, sinónimo de público. Y si la norma data del 5 de abril de 1968, cuando la aprobaron las Cortes franquistas entre los recelos de los periódicos (del régimen), que la veían restrictiva respecto a la Ley de Prensa del 66, hasta se puede emplear otro término... digamos más castizo. Fue votada, para dar una idea, por procuradores en Cortes de los diferentes tercios como los vizcaínos Ybarra y Bergé, Varillas, Arístegui, Fernández Palacios... Ya ven, pese a quienes se dicen “herederos de la República”, la transición no acabó del todo con la dictadura. Están aún en ello. Lo prueba un mal anteproyecto que irá al Consejo de Ministros antes de pasar al Parlamento, donde, según prometen, admitirán todas las enmiendas “razonables”. Ya. Los antecedentes no son secreto de Estado: dicen que debe conocerse lo del 23-F y el GAL quienes desde el gobierno no han ejercido su potestad para que se conozca; y dos años después de que el PNV le plantease cambiar la ley, Sánchez aún no la ha consensuado con sus socios. Así que vaya usted a pedir que desclasifiquen lo de “razonable”. A lo peor, herederos de las ideas de Azaña, están escribiendo un libro. l
