ESE a la petición de calma - "quédese tranquilo"- que Pedro Sánchez verbalizó ante la seria preocupación mostrada por el portavoz del Grupo Vasco del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, sobre una repetición en el proceso de relajación del aislamiento social de la inobservancia de las prerrogativas del autogobierno vasco mostrada por el gobierno del Estado en la implantación de las medidas del estado de alarma, dicha preocupación persiste. Y la aumenta la falta de concreción sobre el proceso de "desescalada" ya que impide valorar con antelación a su puesta en practica si las decisiones invaden ámbitos competenciales de Euskadi. No en vano, los modos empleados por los titulares ministeriales a la hora de adelantar actuaciones en enseñanza, empleo, sanidad o asistencia social (planteamiento de fin de curso, políticas activas, centralización de la adquisición de material sanitario y análisis de la incidencia de la pandemia o implantación del ingreso mínimo vital) ya advierten de una acentuada tendencia a obviar las atribuciones que el Estatuto de Gernika concede a las instituciones vascas, a las que interesa y afecta la desescalada. Así, por ejemplo y por citar algunas además de la enseñanza (art. 16) o la sanidad (art. 18), las que el art. 10 especifica exclusivas -entre ellas comercio interior (10.27), obras públicas (10.33) o Turismo y deporte, ocio y esparcimiento (10.36)- y aquellas en las que faculta para la ejecución de la legislación básica del Estado y sobre las que el art. 20.4 atribuye a Euskadi "la administración de todas las materias que ejecuta aun cuando no sean competencia exclusiva". Con un añadido y un agravante. El añadido, que si el artículo séptimo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio considera que "la Autoridad competente en dicho caso será el Gobierno", hace asimismo un distingo y admite su delegación cuando las medidas "afecten exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad", como sería en el caso de que la relajación del estado de alarma sea "asimétrica", según han dicho el propio Sánchez y el Comité de Gestión Técnica del coronavirus. El agravante, que las consecuencias de esa intromisión competencial por el gobierno del Estado rebasarían los límites del estado de alarma -que ni puede ni debe prorrogarse indefinidamente- a los que la ley ciñe su autoridad.
