LA macrooperación policial desplegada por la Guardia Civil con la detención del tesorero de Convergencia Democrática de Catalunya, Andre Viloca, el registro exhaustivo de la sede de dicho partido, varios ayuntamientos y empresas y el arresto también de siete empresarios y del director del ente público que licita la obra pública de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, sorprende por su magnitud y sus modos, incluso tras las actuaciones previas de la ya prolongada investigación por el presunto pago de comisiones ilegales a la formación que lidera Artur Mas.

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