En medio de las crecientes críticas contra el carácter sexista e ineficiente de la Ley Integral Contra la Violencia de Género (Licvg) se ha producido una denuncia por malos tratos a López Aguilar, el ministro de Justicia que aprobó dicha norma, por parte de su hijastro, con la posterior declaración del exministro de haber sufrido una denuncia falsa, la rectificación del denunciante y la negación de los hechos por la supuesta agredida. Que sorprendente resulta que quien creo esta ley polémica y discriminatoria con los hombres haya sido denunciado con la misma. Que hipócrita e irónico que quien calificó sin ningún rubor a las denuncias falsas como un costo soportable, haya saltado inmediatamente a la palestra para intentar restablecer lo antes posible su inocencia y evitar de paso las draconianas medidas punitivas nacidas de la Licvg. Que chocante y estadísticamente improbable que, si según el Consejo General del Poder Judicial, las denuncias falsas oscilan entre un 0,01% o un 0,02% del total de las presentadas, con este escasísimo recuento que las hace virtualmente inexistentes, una de estas rarísimas denuncias falsas por malos tratos haya ido a corresponder precisamente al ministro de Justicia que aprobó la ley. La Asociación Projusticia, veterana en la lucha contra los abusos nacidos del ultrafeminismo, ha presentado una denuncia ya que existe al menos un delito flagrante: o un caso de violencia de género o una falsa denuncia de malos tratos contra un hombre inocente. Ojalá este lamentable episodio ayude a la ruptura del convenio político que blinda a la Licvg y favorezca su derogación definitiva, para poder proteger a las víctimas y penalizar a los maltratadores con igualdad al margen de su sexo.
