El Gobierno del Reino Unido anunció este miércoles que ha decidido cancelar el mecanismo legal que iba a revocar de manera automática al terminar este año cerca de 4.000 directivas de la Unión Europea (UE) que continúan activas en el cuerpo legal británico.

La ministra de Empresas y Comercio, Kemi Badenoch, indicó en una declaración por escrito a la Cámara de los Comunes que esa cláusula de caducidad generalizada provoca demasiada "incertidumbre", por lo que, en su lugar, el Ejecutivo detallará una lista de unas 600 directivas comunitarias que por ahora van a ser eliminadas.

Tras el Brexit, el Ejecutivo ha tratado de acelerar el proceso para derogar miles de leyes heredadas de la UE en las que se definen estándares medioambientales y de fabricación, regulaciones agrícolas y derechos laborales, entre otras cuestiones.

Los expertos han definido ese proceso como la mayor revisión legal en la historia contemporánea del Reino Unido.

"No queremos seguir como esclavos los dictados de la Unión Europea, eso significaría perder todas las ventajas del Brexit", dijo este año en el Parlamento Jacob Rees-Mogg, antiguo responsable de cartera de Empresas e impulsor de la cláusula de caducidad.

La actual ministra recalcó hoy que su intención continúa siendo "retomar por completo el control de nuestras leyes y terminar con el estatus especial de la legislación europea mantenida", si bien anunció una "nueva estrategia" al respecto.

"Durante el último año, los departamentos de Whitehall (el Gobierno) han trabajado duro para identificar las leyes europeas que queremos preservar, reformar o revocar", indició Badenboch.

"Dado el creciente volumen de legislación mantenida que ha sido identificado y el riesgo de incertidumbre legal que implican las cláusulas de caducidad", el Gobierno ha optado por un nuevo enfoque "que permitirá que los ministros y funcionarios se centren más en reformar las leyes europeas retenidas, y en hacerlo más rápido", declaró.

En enero, el Ejecutivo había identificado 2.417 regulaciones provenientes del cuerpo legal de la UE, si bien el Archivo Nacional, que conserva los documentos oficiales del país, elevaba esa cifra a cerca de 4.000 piezas, mientras los expertos han alertado de que las directivas comunitarias incrustadas en la legislación británica pueden continuar aflorando durante años.