CONTINÚAN promoviéndose concentraciones de magistrados contra los términos del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez por sus alusiones a la práctica del lawfare –utilización del poder judicial para contener, reprimir o condicionar al rival político– y contra la Ley de Amnistía, aunque no contenga nada en ese sentido. La legítima sensibilidad profesional e ideológica del colectivo a la hora de percibir e interpretar con plena libertad los ámbitos de su responsabilidad está desbordando el margen de su independencia. Lo hace con un nada sutil alineamiento de una parte del colectivo con los argumentos y estrategias deslegitimadoras del marco político salido de las urnas. La transversalidad de las convocatorias se reduce en tanto asociaciones de magistrados como Jueces para la Democracia se desmarcaron de las celebradas ayer en Euskadi y advierten, precisamente, de que la obligada apariencia de imparcialidad en el ejercicio de su jurisdicción queda dañada. La percepción del quehacer del Poder Judicial debe ser preservada de cualquier sesgo de parcialidad. Como la mujer del César, a su incuestionada honradez, debe añadirse evitar situaciones en las que proyecte dudas. No se le hace ningún favor cuando sus miembros hacen suyos explícitamente eslóganes reconocibles en actores de intencionalidad política. El Poder Judicial está sufriendo un desgaste injusto cuya responsabilidad deben repartirse a partes iguales quienes lo utilizan como punta de lanza de su convicción política y quienes se prestan a ello. Baste recordar la situación irregular del CGPJ o la constante pugna por condicionar al Supremo y el Constitucional. La presión del PP sobre la mayoría recién constituida en este último para que se inhiban en la valoración de la ley de amnistía los miembros propuestos por el PSOE, pero no los que apoyó ese partido, es otro ejemplo de utilización del ámbito de la justicia con intencionalidad política. A la vista ha quedado que hay una voluntad de lawfare que no surge de los jueces pero a la que algunas asociaciones están respondiendo con laxitud y un mal entendido corporativismo que favorece, lo pretendan o no, intereses políticos concretos. Si la independencia judicial está herida, como afirmaba ayer la presidenta de la Audiencia de Araba, su acercamiento a la política contaminará esa herida y causará su infección.
