A convocatoria de oferta pública de empleo (OPE) de 2022 realizada por el Gobierno vasco para cubrir un total de 8.764 plazas tanto en la Administración General y sus organismos autónomos como en Educación, Osakidetza y los servicios auxiliares de Seguridad tiene el objetivo de reducir de manera drástica la excesiva tasa de interinidad existente en los servicios públicos y, en consecuencia, proceder a la deseable estabilización y consolidación del personal interino. Se trata de un proceso complejo y con diversas aristas, entre las que no es cuestión menor la obligación de mantener un equilibrio entre los derechos de los empleados interinos (más del 60% de las plazas se resolverán por el proceso excepcional de concurso de méritos) y los de quienes aspiran a lograr un puesto en la Administración, mediante la garantía plena de igualdad, mérito y capacidad y la libre concurrencia a que obliga la legislación vigente. En este contexto, causa cierto estupor que en pleno año 2022 algunos partidos políticos y sindicatos estén agitando el fantasma de la exigencia de un perfil lingüístico (es decir, de cierto conocimiento de euskera, con distintos niveles y en determinados puestos) para trabajar en la Administración vasca. No sorprende esta actitud en formaciones como Vox y el PP, aunque sí en otras como Elkarrekin Podemos, que ayer forzó la comparecencia de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, en el Parlamento Vasco. La exigencia del conocimiento de euskera está determinada, en primer lugar, por el amplio consenso social que concita la necesidad de que la Administración garantice el derecho básico de la ciudadanía a ser atendida en los dos idiomas oficiales de Euskadi. Desde hace décadas, las distintas administraciones han ido modelando y adecuando los perfiles de cada puesto y sus requisitos, en virtud de la legalidad vigente, en especial la Ley de Función Pública vasca. Hablar a estas alturas de “imposición lingüística”, de impedir o limitar el acceso a la Administración a miles de vascos o pretender forzar la legislación para introducir una “flexibilidad” que, de facto, ya ha existido, además de extemporáneo podría llevar a las OPE a una inseguridad jurídica que afectaría a miles de personas y podría frustrar el propio objetivo de consolidación del personal. El euskera no puede volver a ser un elemento de confrontación.