La situación financiera de Talgo amenaza con complicarse de nuevo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció hoy la imposición de nuevas sanciones al constructor ferroviario por nuevos retrasos en las entregas de las unidades comprometidas. Asimismo, el titular de Transportes señaló que el Gobierno central pedirá un puesto en el consejo de administración de Talgo una vez se formalice el traspaso accionarial por el cual el 29,7% de los títulos de la propiedad de la empresa pasen a mano del consorcio vasco, una operación que será completada con la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de un préstamo convertible. El propio Puente remarcó la importancia de la entrada del consorcio vasco, una incorporación que definió como “vital para España” y en la que “se lleva trabajando mucho tiempo”.

La noticia de nuevas sanciones a Talgo –de la que no hubo reacción por parte de la empresa ni tampoco por el consorcio vasco– es un obstáculo más para Talgo, aunque no se espera que altere la dirección prevista en la operación. De hecho, la multa de 116 millones de euros impuesta el año pasado por Renfe a Talgo -motivada por los retrasos en las entregas de la serie 106, denominados trenes Avril- ya supuso más de un quebradero de cabeza para el grupo vasco. En este caso, Puente avanzó que el fabricante de trenes tendrá que hacer frente a nuevas multas de Renfe por el retraso en la entrega de los trenes de la serie 107. Puente aseguró que el pago de esa multa –que no cuantificó– es “impepinable”, ya que subrayó que los contratos tienen que cumplirse, aunque abrió la puerta a ofrecer cierta flexibilidad para su pago.

En un acto informativo organizado por la agencia Europa Press en Madrid, Puente resumió de manera gráfica lo laboriosa y repleta de avatares que ha estado la operación, que debe cerrarse de forma oficial el próximo 12 de diciembre, cuando Talgo celebre la junta de accionistas que aprobará el trasvase de las acciones del fondo Trilantic y otros minoritarios al grupo que encabeza Sidenor, además de la nueva estructura de refinanciación de la deuda de la empresa, que alcanza los 400 millones de euros. “Si alguna vez escribo mis memorias, la opa de Talgo va a tener, no un capítulo, sino un tomo probablemente, en el que además contaré muchas cosas, que ahora por razones obvias no puedo contar, pero son dos años de trabajo muy duro”, dijo.

Puente aludía así a un proceso que empezó hace dos años, con el primer interés por adquirir Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz MaVag. Este grupo presentó una opa por el 100% del capital de Talgo a principios del mes de abril del año pasado. Pero Moncloa vetó la entrada del consorcio húngaro, alegando que se trata de una “empresa estratégica”. El Ejecutivo consideró que la compra “conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público”. La sospecha es que Ganz MaVag cuenta con capital ruso circulando en la sombra y que, además, está muy próxima al presidente húngaro Viktor Orban, el principal aliado de Vladimir Putin en Europa. Posteriormente, hubo otro amago de opa también a 5 euros, en este caso de la polaca Pesa, que no se llegó a presentar. Ayer, Puente fue rotundo sobre el intento húngaro. De hecho, Talgo iba a acabar, indicó, en manos de una empresa húngara ”que en realidad era rusa”.

El interés vasco por el constructor –una de cuyas dos factorías está en Rivabellosa y que en el pasado mantuvo su sede central en Araba– permanecía latente y se concretó en febrero de este año con un preacuerdo inicial, y su ratificación este mes, por el que el grupo en el que están Sidenor, el fondo público Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital se hacían con el 29,7% de las acciones por 156,7 millones, a un precio de 4,25 euros por acción. No obstante, hasta el 31 de enero se tendrán que ir cumpliendo las otras condiciones acordadas, como la inyección a Talgo de 75 millones de euros por parte del Estado a través de la aportación de la SEPI. Además, el consorcio vasco también tendrá que suscribir otras obligaciones convertibles por otros 75 millones.

Puente señaló también que el cierre de la venta de Talgo es una operación “sobresaliente”, en la que el Gobierno central ha puesto “todas las facilidades del mundo para que salga adelante”, incluyendo la entrada de la SEPI, que tendrá un 8% del capital social, por lo que pedirá un puesto en el consejo. Por la parte vasca, el consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, señaló en una entrevista en este diario, el pasado mes, que Lakua no se está planteando dar el mismo paso. “El Gobierno vasco no va a ser el gestor de Talgo. El plan industrial vendrá de la mano de un empresario, José Antonio Jainaga, que es el que tiene el know how. No pensamos en asientos”, aseguró.