El consorcio de Talgo sigue negociando con los bancos
Lakua admite que la operación se alarga, pero confía en un acuerdo en breve
El Gobierno vasco continúa trabajando para alcanzar un acuerdo con los bancos de cara a obtener la financiación que permita acometer “las inversiones que necesita Talgo para aumentar su capacidad industrial”, subrayó hoy el consejero de Industria Mikel Jauregi, en alusión a una operación que, admitió, “se está alargando”.
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En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Jauregi definió el estado actual de la operación - de la que la semana pasada se cumplieron cuatro meses desde que se hizo público el preacuerdo para la adquisición del 29,7% de las acciones- como el propio de una “telenovela venezolana”. Desde que, por parte del consorcio vasco que lidera Sidenor, se comunicó el preacuerdo de compra de casi un tercio del paquete accionarial, la negociación ha pasado por distintas fases, marcadas por tres etapas: el cierre definitivo de las condiciones con el fondo de inversión Trilantic Europe, el abordaje de la multa de 116 millones de euros que Talgo tiene pendiente con Renfe y la necesidad de más inversiones que garanticen el futuro industrial de la empresa, que acumula cada vez más pedidos, hasta 6.000 millones de euros.
El Ejecutivo vasco confía en que, a pesar de que se estén dilatando las negociaciones, se pueda asegurar un pacto de forma definitiva antes de que acabe este mes o a primeros de julio. En la entrevista, Jauregi abordó las fases por las que sigue transitando las conversacuines. La primera fue la relativa al propio pacto con Trilantic. “Pensamos que el primer paso era el más importante y sufrido, el de llegar a un acuerdo en el precio con los accionistas y tener un preacuerdo. Ahí llegamos a principios de año”, manifestó. La adquisición del 29,7% de las acciones por 180 millones de euros se articuló a través de un consorcio en el que la empresa Sidenor, el fondo público Finkatuz y la Fundación BBK aportan 45 millones, mientras que la Fundación Vital inyecta otros 20. “La siguiente fase fue la relacionada con la multa de 116 millones de euros impuesta por Renfe”, detalló. “Queríamos saber las condiciones de esa multa antes de entrar y eso nos ha costado saber por parte del Gobierno de España y de Renfe meses más que días”, precisó. “La tercera etapa es la negociación con los bancos y en ello estamos porque las entidades bancarias están poniendo también condiciones”, concluyó.
La semana pasada el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, apuntó la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se incorpore a la operación, un paso que se sustanciaría a través de un préstamo participativo convertible en acciones. El consejero señaló que la operación es “compleja” y requiere “salvar algunos temas que sabíamos que iban a ser complejos, como el tema de las multas”. “Y esa complejidad está condicionando la posible refinanciación de la deuda, que es otro de los aspectos que hay que despejar para que haya un plan industrial de garantías”, añadió.
La deuda financiera neta de Talgo ascendía a finales del pasado año a 403 millones, según las cuentas de la propia empresa. El constructor ferroviario registró unas pérdidas de 107,9 millones en 2024, frente al beneficio de 12,2 millones del año anterior, tras haber provisionado la sanción de 116 millones que le impuso Renfe por retrasos en las entregas de los trenes Avril.
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