La cuantía base de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se incrementará un 5,04% el próximo año, hasta situarse en los 560,45 euros mensuales, según se recoge en el Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi.
El proyecto, que este viernes ha iniciado su tramitación en el Parlamento vasco con la entrega del documento a la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, por parte del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, prevé una congelación de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que se mantendrá así en 300 euros mensuales.
Las cuentas elaboradas por el Gobierno vasco para el próximo año reservan una asignación de 382 millones de euros para la RGI, una prestación destinada a las personas en riesgo de exclusión por carecer de ingresos o patrimonio o por tener salarios o pensiones bajas.
El proyecto de presupuestos establece, en su disposición adicional sexta, que "durante el ejercicio 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el importe mensual de la cuantía base de la renta máxima garantizada será de 560,45 euros".
A su vez, los presupuestos consignan 79 millones de euros para la Prestación complementaria de Vivienda, que esta destinada a aquellos perceptores de Renta de Garantía de Ingresos que deban hacer frente a gastos de alquiler de vivienda o alojamiento.
Ingreso Mínimo Vital
En este caso, la disposición adicional séptima del proyecto indica que "durante el ejercicio 2024, la cuantía máxima tanto de la prestación complementaria de vivienda, prevista en la sección 2ª del capítulo I del título II de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, como de la prestación económica de vivienda, prevista en el artículo 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, será de 300 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia".
Por otra parte, las cuentas para el próximo año recogen una partida de 180 millones de euros para la prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.
