El sector bancario vasco está analizando el impacto del acuerdo en materia hipotecaria alcanzado entre el Gobierno y las patronales del ramo el pasado lunes, aunque su voluntad es la de adherirse al pacto, que permitirá alargar el plazo de devolución y, dependiendo de cada caso, rebajar los tipos de interés de los préstamos a tipo variable. Las entidades mantuvieron ayer miércoles una interlocución constante con los representantes de la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), encargados durante las últimas semanas de negociar con el Ministerio de Asuntos Económicos.

A pesar de que todavía no hay decisiones en firme, el sentir general de las entidades es el de sumarse al acuerdo. No obstante, antes desean estudiar la letra pequeña del decreto-ley, publicado ayer mismo en el BOE. Fuentes de Kutxabank recalcaron la “vocación y disposición” del banco para ayudar a los hogares que estén atravesando dificultades, aunque subrayaron que la entidad abre ahora una “fase de estudio” para conocer a fondo el texto consensuado y, a partir de ahí, examinar los casos particulares susceptibles de acogerse a cada una de las tres categorías que el Gobierno ha tipificado como posibles sujetos beneficiarios de las medidas. Por su parte, desde Laboral Kutxa también expresan la voluntad de unirse al pacto, si bien en primer lugar necesitan evaluar el impacto concreto del acuerdo, ya que existen aspectos “técnicos y operativos” a analizar previamente.

Las entidades reclaman delimitar mejor los niveles de ingresos que el Ejecutivo ha incluido como baremos de familias vulnerables o en riesgo, ya que, explican, no está claro si se refieren al momento actual de las familias o al que tenían cuando les fue concedido el préstamo, así como otros factores que incluyen en cada situación, como el número de personas que componen cada unidad convivencial. “No son estimaciones sencillas ni rápidas de hacer”, subrayan estas mismas fuentes.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Tanto Kutxabank como Laboral Kutxa son signatarias del Código de Buenas Prácticas de la industria bancaria, instituido en 2012 tras la crisis financiera que azotó a toda Europa. El Gobierno cuenta con que todas las entidades que se sumaron entonces a este protocolo se sumen a la ampliación del mismo y al nuevo que se va a crear con el mismo propósito. El Ejecutivo tiene prisa y quiere que las medidas se pongan en funcionamiento a partir del 1 de enero del próximo año.

Ayer mismo, la presidenta de la AEB, Alejandra Kidelán, confirmó que las principales entidades asociadas a la patronal bancaria tienen la voluntad de adherirse al acuerdo. No obstante, recordó que serán los propios bancos y cajas quienes deban revisar los textos en detalle y someterlos a sus consejos de gobierno. La presidenta de la AEB explicó que las últimas semanas y días han sido “intensos” en la negociación con el Ministerio y destacó el “criterio y la visión” del Banco de España, cuyo gobernador, Pablo Hernández de Cos, se felicitó también por el acuerdo, ya que con él “se ha logrado un equilibrio” entre el alivio a los hogares afectados y no generar una presión excesiva en el balance del sector bancario. Por su parte, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) advirtió en una nota de que las medidas de alivio financiero para los hipotecados pueden tener un sobrecoste para el consumidor en cuanto a los intereses pagados, aunque en cualquier caso considera que es mejor acogerse a estas medidas que contratar nuevos créditos.