Tras mes y medio cerradas por resolución administrativa, la jueza que lleva el caso de las terrazas del muelle Marzana ha resuelto que mientras no se tome una resolución en firme las instalaciones pueden seguir funcionando.
La resolución de Costas, emitida el pasado 30 de octubre, obliga al Ayuntamiento de Bilbao a revocar las autorizaciones de terraza en el muelle de Marzana, al considerar que los establecimientos ocupan la zona de servidumbre de tránsito definida por la Ley de Costas. Esa franja, de seis metros desde el muro de contención, debe permanecer libre para garantizar el paso de peatones y no puede destinarse a actividades comerciales.
El Consistorio bilbaino anunció que haría cumplir la orden que procederá a revocar las autorizaciones de terrazas –un total de ocho, la más antigua vigente desde 2013–, requiriendo a los titulares de los establecimientos hosteleros afectados la retirada de las mismas. Durante mes y medio, estas han permanecido cerradas, pero este fin de semana han vuelto a abrir.
Los hosteleros han impulsado desde hace unos meses una campaña de recogida de firmas para mantener las terrazas, defendiendo que su actividad ha contribuido a dinamizar la zona y pidiendo una solución negociada. Por su parte, las asociaciones vecinales del Casco Viejo y Bilbao La Vieja reclaman un mayor control sobre la ocupación del espacio público, denunciando problemas de ruido y saturación en el entorno.
Fueron los vecinos, a título individual, los que lanzaron una campaña de firmas en change.org para frenar el cierre de las terrazas. Su objetivo era evitar un salto al pasado, al momento en el que la zona era un foco de problemas de todo tipo. Los vecinos que han planteado la batalla, en cambio, opinan que es posible implantar otro tipo de negocios.
