La ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que entra hoy en vigor, reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.
El objetivo de la ley es reducir la temporalidad del conjunto de las administraciones por debajo del 8%. Así, todas ellas deberán ofertar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas de temporales que están actualmente ocupadas. Los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024 y será un proceso de concurso-oposición el que dará acceso a estas plazas.
Uno de los puntos claves es que las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal desde antes del 1 de enero de 2016 se convocarán por el sistema de concurso de manera excepcional. Esto significa que las plazas estructurales que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como las ocupadas por interinos que lleven más de cinco años empleados en la Administración, se convocarán a través de este proceso.
