Trabajo revisa la situación de 45.000 empleadas del hogar

Los sindicatos aplauden la medida del Ministerio pero la consideran insuficiente y que llega con retraso

22.02.2021 | 01:06
El colectivo supera las 381.000 trabajadoras.

La Inspección de Trabajo ha remitido 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para que, en caso necesario, regularicen sus salarios y cotizaciones, algo que ha sido bien acogido por representantes de estos colectivos que, no obstante, lo consideran insuficiente y que llega con retraso. El Ministerio de Trabajo quiere abordar la situación salarial y de cotizaciones de un colectivo formado por 381.082 empleados, casi todos mujeres, para lo que se está dirigiendo a sus empleadores informándoles del salario mínimo vigente y de las cotizaciones que, por lo tanto, tienen que abonar en función de su jornada.

Tal y como recuerda la Seguridad Social, el salario de una jornada completa es de 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes si se prorratean las pagas extras), lo que significa que, en las jornadas por horas, se debe abonar 7,43 euros la hora.

Esta campaña supone, además, un paso para atajar la situación de economía sumergida que se da en esta actividad, ya que, según la encuesta de población activa (EPA), hay 563.100 personas trabajando en el empleo doméstico, por lo que una de cada tres no estaría dada de alta en la Seguridad Social. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Efe que se trata de la primera remesa de cartas, que luego se ampliará, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector, para lo que se va a facilitar también la presentación de comunicaciones anónimas, a través del buzón de la Inspección.

Sindicatos y asociaciones del sector valoran la iniciativa aunque la ven insuficiente y que llega con retraso. Así, la responsable de Migraciones de UGT, Ana María Corral, cree que las misivas deberían enviarse también a las empresas de trabajo temporal o plataformas digitales que intermedian en la contratación de empleadas del hogar. Para el secretario de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, esta campaña llega, además, con un año de retraso, puesto que el salario mínimo se elevó a 950 euros en 2020, de forma que muchos empleadores pueden llevar al menos un año sin actualizar los sueldos de sus trabajadores.

En algunos casos la campaña podría hacer necesaria la visita al lugar de trabajo de la Inspección, lo que podría conllevar problemas por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, explica la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca.

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