El sindicato ELA, cuya denuncia judicial para intentar obligar a readmitir a los trabajadores despedidos de la quebrada La Naval de Sestao ha sido rechazada por el Supremo, no asume que dicha reclamación haya impedido a nuevos inversores privados utilizar los activos para recuperar la actividad como una nueva compañía, sino que ha denunciado que la situación de La Nava es consecuencia de una política industrial "inexistente" del Gobierno vasco. El sindicato insiste en que el astillero fuese público compitiendo con otros privados de la ría que sí ganan dinero.

El sindicato vasco recordó que el 30 de septiembre finalizó el plazo dado por la jueza de lo Mercantil para que se presentasen ofertas de cara a adjudicar La Naval en esta primera fase de liquidación, para la que no se ha encontrado inversor, del astillero.

ELA indicó que lamentablemente "no ha existido oferta alguna", y ello significa que las posibilidades de que "el astillero pudiese tener actividad industrial naval con un nuevo inversor se reducen".

Asimismo, señaló que la semana pasada se conoció que el Tribunal Supremo desestimó los recursos contra los despidos planteados por ELA, CAT y CC.OO., unos "despidos que tuvieron el aval de la Autoridad Laboral del Gobierno vasco".

ELA recordó también que La Naval fue público hasta su privatización en 2006 mediante un acuerdo entre la SEPI y los sindicatos UGT y CC.OO. Como consecuencia de ello, se hicieron con las acciones dos empresas industriales "relevantes" de Euskadi como Ingeteam y Astilleros Murueta.

"El deterioro de la gestión en los últimos años fue clamoroso, responsabilidad de estas dos compañías vascas. Nadie ha querido responsabilizar de nada a estas dos empresas. Y eso que hasta última hora, agosto y septiembre de 2020, Astilleros Murueta ha estado utilizando las instalaciones del astillero para su provecho", aseguró la central.

ELA afirmó que la privatización, la pérdida de capital público, fue la causa de que el astillero vasco, que en los momentos de mayor pico de trabajo generaba más de 2.000 empleos en la Margen Izquierda del Nervión, entrase en concurso de acreedores.

El sindicato insistió que, en su día, reiteraron la necesidad de que el Gobierno vasco adquiriese el control público del astillero.