BILBAO - Los recelos que despiertan las prácticas de algunas compañías de telefonía están alimentados por malas experiencias de consumidores, que en ocasiones se han sentido indefensos ante la burocracia del sector. Es el caso de una vizcaina que acaba de recuperar los 150 euros que le cobró Jazztel -propiedad de Orange- en 2014 tras una portabilidad.

La Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) ha resuelto que la empresa deberá reintegrar a su excliente los 150 euros que le cobró de manera “ilegítima” cuando esta procedió al cambio de compañía. Según indicó ayer la organización de consumidores Facua en un comunicado, la mujer decidió realizar una portabilidad de su línea telefónica el 18 de febrero de 2014 de Jazztel a otra teleco cuando, “para sorpresa de la usuaria, la operadora le cobró 150 euros por el incumplimiento del compromiso de permanencia de 12 meses que ya había vencido, puesto que la usuaria se dio de alta el 1 de febrero de 2013”.

reclamación En un primer lugar, la afectada decidió acudir a Facua, cuyo equipo jurídico reclamó a la compañía telefónica la devolución del dinero, a lo que la operadora se negó. Entonces, Facua se dirigió a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) -actualmente extinta-, que desestimó la reclamación. Según adujo Setsi, Jazztel demostró que la cantidad que se pretendía cobrar se correspondía “con beneficios realmente disfrutados por la reclamante”.

Ante esta resolución, Facua decidió recurrir ya que la usuaria “no había incumplido en ningún momento el compromiso de permanencia”, pero la Setsi nunca respondió. En junio de 2018, la asociación acudió al Ararteko para presentar una queja a SEAD, el organismo público competente en la materia en la actualidad, con el fin de remitir dicha reclamación al Defensor del Pueblo estatal.

Finalmente, SEAD ha dado una respuesta definitiva en la que se reconoce el “carácter ilegítimo del cobro de la penalización” y ha obligado a Jazztel, cinco años después, a devolver los 150 euros a la usuaria. - Efe