BILBAO - Un total de 2.042 docentes jubilados vascos de la red pública presentaron ayer una reclamación colectiva para exigir que el Gobierno vasco les abone las indemnizaciones por jubilación anticipada voluntaria pendientes desde 2012 y que suponen una “deuda acumulada” de entre 80 y 120 millones de euros, según las estimaciones de la asociación Adostuz.

Representantes de esta Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco registraron ayer los datos de estos 2.042 profesores que se han sumado a la reclamación colectiva en la sede del Ejecutiva en Bilbao. Además, varios centenares de docentes realizaron una concentración de protesta en la capital vizcaína bajo los lemas PNV cumple el acuerdo con tus docentes jubilados. Urkullu, Ortuzar, bete hitza y PSE cumple con tus docentes jubilados. No a los recortes.

En una rueda de prensa, la junta de Adostuz, encabezada por su presidenta, Luisa Calvo, explicó que la reclamación colectiva pretende que se “cumpla el acuerdo laboral” firmado en el año 2010 por el Gobierno vasco y los sindicatos y que “no se ha denunciado”, por lo que sigue vigente y se demanda que se “garantice la seguridad jurídica de la que tanto se habla”.

CONTRATO RELEVO

“No es ningún privilegio”, subrayaron desde la asociación. Así precisó que, en función de este acuerdo, los docentes afectados se jubilaron anticipadamente y dejaron su puesto a “profesorado más joven”, a cambio de que se les compensara con una indemnización para “complementar la diferencia de salario que íbamos a tener” y que es “la misma” que la de las personas que se acogen al contrato de relevo.

En 2012, el Ejecutivo de Patxi López suspendió el pago de indemnizaciones argumentando que no se podía afrontar por la situación económica “realmente mala” debido a la crisis, recordaron los representantes de Adostuz. Sin embargo, denunciaron que, cuando la coyuntura económica ha mejorado e incluso hay “extrarrecaudación, se continúa sin pagar estas cantidades.

Según criticaron, “con una suspensión [del pago] se pretende conseguir el efecto de la supresión”, lo que es “un fraude de ley”. Adostuz explicó que “varias sentencias de instancia han reconocido ya” este hecho.

La reclamación colectiva representa a dos terceras partes de los docentes afectados, que estiman en unas 3.000 personas aunque “es difícil cuantificarlas”, y está abierta a incluir a otros docentes que quieran sumarse. Desde Adostuz estiman que la reclamación supone unas cantidades de entre 80 y 120 millones de euros. La asociación precisó que “la deuda se ha hecho grande porque no la han querido pagar” en estos siete años y han dejado que “se acumule por negligencia o por la voluntad de a ver si nos olvidamos”. Calvo señaló que siempre han estado dispuestos a negociar los plazos en los que se abonen las cantidades adeudadas. - DEIA