La denuncia de un ciudadano chino ha permitido desarticular una red de trata de mujeres originarias de este país asiático que se había asentado en Zaragoza y Bilbao y buscaba expandirse a Madrid. En total, se han practicado 63 detenciones, de ellas 50 en la capital vizcaina, relacionadas con esta organización liderada en España por una mujer con antecedentes policiales, ingresando en prisión provisional junto a otra arrestada.

La red captaba a mujeres de en torno a 40 años -cinco han sido liberadas, aunque la investigación sigue abierta- en situación de vulnerabilidad en China para que viajaran a España con la falsa promesa de que tendrían una mejor vida, aunque en realidad eran sometidas como "mercancía" 24 horas en condiciones infrahumanas con fines de explotación sexual.

Carlos Río-Miranda Iglesias, el comisario jefe de la UCRIF central ha explicado que las dos ramas de la organización se diferenciaban entre sí pero estaban coordinadas. La de Bilbao -con 50 arrestos- se dedicaba a 'regularizar' la situación en España de compatriotas mediante contratos de trabajo y empadronamientos falsos.

Entre 8.000 y 10.000 euros pagaba cada cliente, lo que habría reportado a la organización un beneficio aproximado de cinco millones de euros.

Pero el origen de la investigación sobre este entramado se sitúa en Zaragoza, epicentro de la otra rama, la dedicada a la explotación sexual de mujeres chinas que ha culminado con 12 detenidos y cinco víctimas liberadas.

Los responsables de la UCRIF han explicado que se han practicado ocho registros en viviendas y que se estima que en cada piso -todos en régimen de alquiler- de prostitución podía haber dos o tres mujeres que van cambiando de ubicación, pero siempre en condiciones de semiesclavitud, disponibles para los clientes las 24 horas del día y sin ninguna medida sanitaria ni higiénica.

"Estaban en condiciones muy malas, en camastros con comida y ropa sucia", ha relatado uno de los operativos policiales que ha subrayado que la organización trataba a las mujeres como "mercancía" y "carne".

Las víctimas eran captabas en su país con el engaño como suele ser habitual en estos casos de una vida mejor en Europa.

La organización se encargaba del viaje, el visado y del alojamiento ya en España, momento en el que sus explotadores les comunican que tienen una deuda de unos 30.000 euros. En estos domicilios ya son obligadas a practicar la prostitución e incluso, son forzadas a drogarse puesto que muchas oponen resistencia.

De hecho, en los registros se han incautado cocaína, heroína, hachís y quetamina con un precio en el mercado de unos 11.500 euros, además de 115.000 euros en efectivo.