Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado este jueves la realización de una auditoría externa sobre los gastos que ha supuesto el proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, que alcanzan los 2,3 millones de euros. Los partidos que sustentan a la Diputación, PNV y PSE, han explicado que no resulta necesaria ya que existen suficientes mecanismos de control sobre los contratos y actuaciones que llevan a cabo las instituciones con dinero público.
Elkarrekin Bizkaia ha presentado una proposición no de norma para realizar una auditoría, "completa y detallada" que recoja todos los gastos, contratos, encargos y actuaciones financiadas con fondos públicos, según ha explicado su portavoz, Eneritz de Madariaga, en relación al proyecto para ampliar el Guggenheim en Urdaibai, un proyecto que fue finalmente desestimado por las instituciones. La formación morada ha pedido que se incluyan los importes ejecutados tanto directamente por la Diputación como los derivados de otras entidades públicas o privadas. "Nos han dicho que el proceso de escucha que realizó el Agirre Lehendakaria Center no ha costado un euro a la Diputación. Nadie se cree que haya hecho gratis", ha incidido de Madariaga.
Para Elkarrekin Bizkaia, conocer el "coste real de un proyecto al que se han dedicado durante años recursos públicos y ha quedado en nada" supone una cuestión de "rigor en la gestión. Se deben rendir cuentas del impacto institucional y social que ha tenido abandonar esa iniciativa. No se puede gastar dinero público en un proyecto que se cae y aquí no ha pasado nada".
El PP ha sido el único grupo que se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa, defendiéndola como un ejercicio de "higiene institucional". "Ha sido un fracaso estrepitoso y precisa de más explicaciones que las que se están dando con cuentagotas", ha criticado su portavoz, Raquel González.
Controles "válidos y suficientes"
Una visión que choca frontalmente con la lectura que han hecho los partidos que sustentan al equipo de Gobierno foral. Desde el PNV, Jesús Lekerikabeaskoa ha recordado que ya existen instrumentos de control para fiscalizar los gastos y contratos que llevan a cabo las administraciones públicas, incluida la Diputación foral vizcaina, y que son "perfectamente válidos y suficientes". De hecho, el portavoz nacionalista ha advertido de que establecer medidas excepcionales, como una auditoría de este tipo, enviaría un mensaje negativo a la ciudadanía, cuestionando "injustificadamente" el sistema de dación de cuentas de la institución.
Por su parte, Goyo Zurro, portavoz del PSE, ha explicado que no se debe confundir el control político con el control técnico de legalidad, el cual ya está garantizado por el sistema de control, público a través de distintos mecanismos, desde la Intervención que deben pasar todos los contratos públicos antes de salir a licitación o el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Ha sostenido que una auditoría extraordinaria solo tendría sentido ante indicios de irregularidad, "que no existen". "Una cosa es cuestionar políticamente una decisión y otra cuestionar, sin indicios concretos, la corrección del proceso", ha alertado. "Corremos el riesgo de deslizar el debate desde el terreno del control político legítimo hacia una sospecha generalizada sobre el funcionamiento de los mecanismos técnicos de control. Debemos ser pruedentes".
EH Bildu, finalmente, se ha abstenido, a la espera de tener respuesta de una pregunta escrita que registraron el pasado 12 de febrero, en la que han pedido más detalles sobre los 2,3 millones de euros que se han destinado a este proyecto. Una vez recibida esta información sobre partidas presupuestarias y contratos, año a año, valorarán si los datos son suficientes o si es necesario exigir una auditoría u otras medidas de control.
