La promotora ya tendría previsto en noviembre de 2023 el derribo del palacete de Getxo

Según el atestado de la Ertzaintza, la cooperativa responsable de la construcción de doce pisos en el palacete Irurak Bat, de Getxo, ya habría mencionado en su asamblea del 16 de noviembre de 2023, la “obligación” de derribar todo el edificio, a tenor de su “estudio geotécnico”. No obstante, cuando finalmente se produjo la demolición completa, el 2 de agosto de 2024, la empresa ejecutora de los trabajos, habría aludido a una “urgencia” por un “riesgo para la seguridad”, como refleja, de igual modo, la policía en sus conclusiones. 

El equipo judicial instructor de este caso ha declarado como personas investigadas a tres concejales del PNV, tres técnicas del Ayuntamiento, al administrador de la gestora de cooperativas, al arquitecto autor del proyecto y a dos personas que firmaron el acta de derribo. La Ertzaintza reproduce, en base a sus pesquisas, distintos momentos de la tramitación de la licencia de obra y de otros pasos dados por la cooperativa, de la que forman parte los ediles imputados Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte. El 29 de junio de 2022 se presenta el plan urbanístico básico, que prevé unas acciones que “no conllevarían una demolición total”, tal y como viene plasmado en el atestado, incluido en esta fase judicial de diligencias previas. En opinión de la policía, ya este proyecto no debería haber sido aprobado por el Consistorio, puesto que el palacete tenía régimen de custodia municipal y “en aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco (LPCV), los bienes de protección básica no pueden ser demolidos, ni total ni parcialmente”, señala el informe de la Ertzaintza, que también alude al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getxo vigente entonces. Por estos motivos, la policía estima que la junta de gobierno local (con representantes del PNV y PSE) tiene responsabilidad al haber otorgado la licencia de obra. Lo mismo sucede con las técnicas municipales, en mayor grado, ya que han sido acusadas. A criterio de la policía, no realizaron un informe jurídico que debería haberse adjuntado a la hora de valorar la concesión del permiso de obra. Ese análisis, según la Ertzaintza, habría sido “desfavorable”. De hecho, los investigadores creen que, por ejemplo, la arquitecta actuó como si se tratara de una licencia para la “edificación de nueva planta, obviando en todo momento” que era una intervención que afectaba a “elementos de valor patrimonial”. Sin embargo, las indagaciones apuntan a que sí tendría que haber visto toda la documentación (del arquitecto que comenzó este proceso) que sí indicaba, al parecer, que era un bien de protección local.

Otra de las cuestiones que estudia la Ertzaintza guarda relación con el proyecto de ejecución que ya contenía, según el atestado, la medida de echar todo el inmueble abajo (5 de enero de 2024). Ese trámite lo asume un estudio externo contratado por el Ayuntamiento, y éste entiende que “no procede continuar con el expediente”, hasta que “se subsanen” unos aspectos, pero aun así, la cooperativa habría decidido empezar con las obras (12 de febrero de 2024). Asimismo, el atestado ve indicios de que en todo este proceso “presuntamente” hubo contactos entre la empresa impulsora y “alguna persona del Ayuntamiento”. Además, piensa, en concreto, que Irantzu Uriarte se enteró en esa asamblea de cooperativistas de noviembre de 2023 de que la idea era derruir todo el palacete y no informó al Consistorio.