Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado este miércoles reconsiderar el acuerdo que adoptaron en 2017 y según el cual el enclave de Abiña, hasta entonces en Sukarrieta, pasó a pertenecer a Busturia. La cámara ha considerado que se trata de un "caso juzgado" tras la sentencia "firme" del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y que no cabe que la Diputación interfiera en una materia cuyas competencias recaen sobre el órgano legislativo foral.
La proposición, planteada por el PP en un pleno al que han acudido vecinos y el alcalde de Sukarrieta, Jaime Orueta, pretendía "un final real, aceptable y reconocible por todas las partes implicadas, sin señalar a nadie, sin pedir explicaciones pasadas ni reprochar actitudes o decisiones e incluso votaciones anteriores", en palabras de su portavoz, Raquel González.
En su opinión, se trata de una "herida que lleva abierta casi dos décadas", desde que en diciembre de 2017 las Juntas Generales, tras una resolución judicial y con la abstención de toda la Cámara a excepción de Podemos y el Grupo Mixto, aprobaran la inclusión de Abiña, que hasta ahora se había considerado un enclave de Sukarrieta, como parte del municipio de Busturia. Sin embargo, el 17 de octubre de 2024 y el 31 de enero de este mismo año, representantes de ambos municipios presentaron informes de catedráticos en los que se defendía la pertenencia del también conocido como enclave de San Antonio en una y otra localidad.
Por ello, González ha planteado pedir a la Diputación "reconsiderar la decisión y revisar la situación con los nuevos informes para llegar a una nueva conclusión, teniendo en cuenta los nuevos informes aportados durante estos últimos años", así como mediar entre ambos municipios para que acepten la nueva resolución. Todo, ha añadido, "buscando siempre la paz social y poniendo fin, de forma definitiva, a las disputas".
La respuesta de PNV y PSE, partidos que sustentan al Gobierno foral, ha sido tajante: lo que pedía el PP no se puede cumplir por una cuestión legal y también de competencias. Y es que, tal y como ha explicado el socialista Juan Otermin, una sentencia del TSJPV inadmitió en 2021 un recurso de Sukarrieta, convirtiendo en firme la resolución. "Estamos hablando de una materia juzgada, con sentencia firme que debe ser acatada por todas las instituciones", ha explicado, advirtiendo de que "nadie puede actuar como si esa resolución no existiese. La independencia judicial es un pilar fundamental de un Estado de Derecho".
Competencia exclusiva
Además, ha señalado que la competencia para definir los enclaves dentro del territorio recae de forma exclusiva sobre las Juntas Generales, no sobre la Diputación. Ante ello, ha planteado que la vía correcta puede ser pedir "una revisión judicial de la situación", si alguna de las partes entiende que existen "nuevos elementos de hecho o de derecho".
También el apoderado jeltzale Mikel Bagan ha considerado "incuestionable" que la sentencia sobre este asunto es firme, lo que en la práctica "impide que el acuerdo de 2017 se revise de oficio", y ha rechazado "alentar falsas expectativas que solo generan frustración" en la ciudadanía.
Debate jurídico
EH Bildu ha reconocido que existen informes "totalmente opuestos" que dan la razón tanto a Sukarrieta como a Busturia, por lo que entiende que se trata de un "debate jurídico que debe resolverse en los tribunales".
La propuesta sí ha sido respaldada por Elkarrekin Bizkaia como un "paso" para que la Diputación "cumpla lo que había prometido" respecto al análisis de los informes jurídicos presentados a lo que, según su portavoz, Eneritz de Madariaga, todavía "no ha dado respuesta alguna".
