Los contribuyentes vizcainos que tengan causas abiertas por fraude fiscal podrán seguir solicitando un aplazamiento de sus deudas. Así lo han ratificado este miércoles las Juntas Generales, al rechazar una propuesta de EH Bildu para eliminar dicha medida, al entender que cuestionaría la presunción de inocencia.
En el pleno celebrado en Gernika, la coalición soberanista ha planteado incluir, entre los supuestos para no admitir un aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Hacienda foral, el hecho de mantener abierta una causa de delito por fraude fiscal, extendiéndolo también al grupo fiscal cuando forme parte de uno.
Para su apoderada Arantza Sarasola, una cosa es "dar facilidades a quienes manifiestan su voluntad de pagar lo que deben a Hacienda" y otra "poner la alfombra roja al ladrón una vez que sabemos que ha robado". De hecho, ha advertido de que ayudar a cumplir con sus obligaciones fiscales a quien ha cometido un fraude "podría lanzar el mensaje de una actitud permisiva ante estas prácticas".
Solo con indicios
Elkarrekin Bizkaia ha ido más allá e incluso ha planteado una enmienda -que no ha sido aceptada por EH Bildu- para que tampoco se otorguen aplazamientos a quien se está investigando por indicios, sin necesidad de que haya abierta una causa penal. "Es reglamento es mejorable pero esta propuesta se queda corta", ha considerado su portavoz, Eneritz de Madariaga. "No podemos fraccionar una deuda que han generado engañando a Hacienda".
El resto de partidos se ha mostrado totalmente contrario a adoptar cualquiera de estas medidas. Sobre todo porque "no se respetaría la presunción de inocencia de cualquier administrado que pueda estar discutiendo las liquidaciones de la Hacienda", ha recordado desde el PNV Unai Lerma, para quien la Administración debe ser "garantista" respecto al contribuyente.
"Traspasan los límites"
En la misma línea, el socialista Alberto Álvarez ha advertido del "perjuicio extraordinario de difícil reparación" que se generaría si la causa quedara finalmente archivada. "Las medidas que plantean traspasan los límites y la presunción de inocencia quedaría absolutamente restringida, ya que supondría anticipar consecuencias jurídicas a situaciones que no han sido resueltas judicialmente", ha recordado.
Para el PP, es la Administración, en este caso la foral, la que "tiene que valorar" la capacidad de asumir las deudas que tiene cada contribuyente. "Es mucho peor tener que ejecutar garantías o tener empresas en liquidación para poder cobrar las deudas", ha considerado Diego Pagadigorria.
