El Ayuntamiento de Bermeo ha dado los primeros pasos para que el municipio sea reconocido como zona tensionada, en el marco de la Ley de Vivienda. La medida busca hacer frente a la creciente presión del alquiler en la localidad y avanzar hacia un modelo urbanístico más equilibrado. La alcaldesa, Nadia Nemeh Shomaly, y el concejal de Urbanismo, Zigor Uriondo Arrue, han presentado las líneas de actuación en una rueda de prensa celebrada esta semana.
La solicitud se apoya en el incremento sostenido del precio del alquiler registrado en los últimos cinco años. Según los datos municipales, el alquiler medio mensual ha pasado de 459,9 euros en 2018 a 552,9 euros en 2023, lo que supone un aumento del 20,2 %. Esta cifra supera el umbral del 19,6 % establecido por la normativa, uno de los requisitos imprescindibles para iniciar el procedimiento. Aunque el esfuerzo económico medio para afrontar un alquiler en Bermeo se sitúa en el 24,9 %, por debajo del límite del 30 %, el Consistorio considera que la presión es significativa para muchas familias. Por ello, ya se ha adjudicado la redacción del plan de acción necesario para acompañar la solicitud, con el fin de que el Gobierno Vasco pueda formalizar la declaración.
En paralelo, el Ayuntamiento ha iniciado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular el uso de las viviendas turísticas, ante su aumento continuado en el municipio. Desde el área de Urbanismo subrayan que este tipo de alojamientos está incidiendo directamente en la oferta de alquiler residencial. “Estamos dando pasos firmes para poner límites y proteger el acceso a una vivienda digna en Bermeo”, ha declarado el concejal Uriondo, quien ha recalcado que el PGOU es la única herramienta jurídica de la que dispone el Ayuntamiento para intervenir en esta situación.
Proceso de participación
La modificación urbanística incluirá además un proceso de participación ciudadana que se desarrollará en otoño, con tres sesiones abiertas. El objetivo es recoger propuestas y puntos de vista sobre el uso turístico de la vivienda y garantizar que las decisiones urbanísticas respondan a las necesidades reales del municipio.
“La vivienda es una prioridad para este equipo de gobierno”, ha señalado la alcaldesa, quien ha insistido en que tanto la declaración como zona tensionada como la regulación de las viviendas turísticas son “pasos importantes, pero no los únicos”. En esa línea, el Ayuntamiento ya trabaja en su siguiente objetivo: fomentar las viviendas de alquiler social como parte de una estrategia que combine regulación, protección y nuevas vías de acceso a la vivienda.
