Una jueza de Barcelona decidirá si avala la eutanasia de una joven con paraplejia cuyo padre logró suspender in extremis el pasado agosto, pese a que ella había expresado su voluntad ante un notario y los forenses acreditan que es capaz de decidir sobre su vida. El juicio se celebró el pasado martes en el juzgado contencioso número 12 de Barcelona y estas son sus principales claves.
¿Cómo llegó a los tribunales?
En el que es el primer juicio del Estado sobre el derecho a la muerte digna se enfrentan la Generalitat de Catalunya, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que en julio de 2024 dio luz verde a la eutanasia –por unanimidad de sus 19 miembros–, y el padre de la chica, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos. También interviene en el proceso la Fiscalía, que en agosto apoyó suspender la eutanasia de la joven y pidió varias diligencias antes de pronunciarse. La eutanasia estaba prevista para el pasado 2 de agosto, pero la jueza la paralizó a raíz del recurso planteado por el padre para evitar un perjuicio “irreparable”.
¿Qué legitimidad tiene la familia?
El juicio plantea una cuestión que los tribunales deben resolver: ¿Están los familiares legitimados para oponerse a una petición de eutanasia? La Fiscalía sostiene que sí. De hecho, en otro caso de eutanasia suspendida a un hombre de 54 años, a petición de su padre, estimó que, aunque la decisión es “eminentemente personal” y tiene un “fuerte componente de autodeterminación”, los familiares pueden tener voz siempre que sean “afines” y conozcan la “evolución y circunstancias”. La Generalitat, en cambio, mantiene que la joven es la única e indiscutible titular del derecho a una muerte digna. En cualquier caso, considera que no se puede deducir “de forma automática” un interés legítimo derivado de un vínculo familiar. Y es que, además, esta es una situación particular: la joven ha pasado gran parte de su vida bajo tutela de la administración. – Efe
Argumentos
Comisión de Garantía. La Comisión que autorizó la eutanasia estimó que la joven cumple los requisitos que establece la ley: un sufrimiento físico y psíquico constante, reiteradamente expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora o curación, documentado por distintos médicos a lo largo de casi dos años.
Abogados Cristianos. Argumenta que la joven no reúne las condiciones cognitivas para decidir sobre su vida y que presenta una “voluntad cambiante” por un trastorno límite de personalidad.
