Rafa Sal, miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Bizkaia: “Nos preocupa la judicialización de la eutanasia por el sufrimiento añadido”

¿Cómo valora que el caso de Noelia haya llegado a los tribunales?

—La judicialización de la eutanasia nos preocupa mucho por la jurisprudencia que puede sentar para las siguientes y, sobre todo, porque los ritmos de resolución son desesperantes y los planteamientos expresados provocan mucha desazón.

Que sea su propio padre quien se haya opuesto a su decisión debe suponer un dolor añadido.

—Efectivamente. Por encima de todo, el primer gran argumento que defendemos es el sufrimiento añadido que se le inflige a la persona que ha solicitado la prestación de ayuda para morir y que legalmente la tiene reconocida porque los informes son favorables. Por otra parte, nosotros pensábamos que no hay legitimidad en el familiar para presentar una reclamación, pero, como ha sido aceptada, se ve que sí. El familiar se enfrenta al dilema de la pérdida y lo que conlleva que la persona muera frente a la situación de respetar su voluntad. El padre no respeta la voluntad, que la persona es libre y capaz.

¿Conoce algún caso en Euskadi de padres que se hayan resistido a la eutanasia de sus hijas o hijos?

—Tenemos relación con personas que tienen dificultades en el recorrido de la prestación y de su experiencia recogemos lo difícil que resulta para el entorno familiar poner una fecha, la muerte voluntaria, decir: “Yo quiero morir”. Estamos acostumbrados a la muerte natural, por enfermedad, pero que tú decidas eso provoca desazón en las personas, familiares incluidos. Les remueve mucho.

¿Qué les aconsejan a los familiares?

—Que respeten la decisión de la persona y no interrumpan su voluntad manifiesta de realizarlo. Para ella es más completo si lo hace acompañada por su familia que si esta se opone y se genera una situación de mayor angustia. Es decir, no solo un sufrimiento por lo que padece, sino también porque no puede hacer una buena despedida y dejar encauzado un duelo de la familia. Esa decisión sí da problemas. En la tele salió una persona de Vitoria, cuyas hijas decían: “Nos negábamos, luego no lo compartimos, pero aceptamos y respetamos”. Ese es un poco el camino.

A Noelia la han evaluado médicos, psicólogos, psiquiatras y juristas y todos coinciden en que es apta para acogerse a la ley de eutanasia. ¿Confía en que la jueza la avale?

—La confianza queda entre comillas porque si con toda la documentación que tiene es capaz de generar una comprobación, en la vista oral, con la persona delante, con los interrogatorios, con añadir más informes, dices: Todo lo anterior, que es garantía, ¿qué has hecho con ello? Entonces, vamos a esperar. Siempre nos producen mucha desazón los planteamientos que se oyen como argumentos. El procedimiento, con sus requisitos y garantías, es suficiente. No es una sola persona, sino que hay unanimidad en esa decisión y que ahora de repente eso se ponga en cuestionamiento nos preocupa.

¿Qué supondría que la jueza no le diera la razón? ¿Sería un retroceso a nivel social? ¿Se ‘pervertiría’ la ley?

—La ley sale tocada en sus requisitos y en su procedimiento, cuando es garantista cien por cien. Se genera una jurisprudencia con valor para las siguientes y eso es un problema. Si hay una corriente de oposición, que no solo se manifestó en el Congreso cuando se debatió y se aprobó la ley, sino que se manifiesta también a lo largo del procedimiento de la eutanasia haciendo objeciones encubiertas o judicializando las situaciones, eso lo que genera es un argumento para que ellos se puedan agarrar a esa jurisprudencia que existe y pongan dificultades. Esperemos que sean casos muy concretos, pero los va a haber. Casos que generan sufrimiento a las personas que lo han solicitado y lo tienen autorizado.

Estaba previsto que Noelia recibiera la eutanasia el 2 de agosto de 2024. Han pasado más de siete meses.

—Cuando se prolonga en el tiempo hay un sufrimiento añadido. Es preocupante el ritmo de resolución que existe en el juzgado. Es cierto que cuando se recurre es porque es una decisión irreversible. Es decir, si se realiza y luego ves que no procedería, ya no hay solución, pero una cosa es que se revise y otra es el tiempo que se utiliza para su revisión. Esto no se ajusta a lo que la ley marca ni en la prioridad que tiene como derecho fundamental a tener una resolución rápida. Cada día que pasa pensamos en la persona que lo sufre.

¿Cuál es el tiempo medio de espera actualmente en Euskadi?

—En Euskadi el tiempo que la ley prevé y en el que está resolviendo van parejos. Estamos hablando de 35 o 40 días de resolución, hasta que tienes el informe favorable. Luego tú puedes decidir si lo haces en unas semanas o unos meses. Cuando se alargan los plazos siempre encontramos una razón que lo explica, es decir, no hay una voluntad en contra.

¿Qué motiva que el plazo se alargue?

—Puede ser que haya dificultad de encontrar un médico responsable sustituto. La ley prevé que ese primer paso sea en quince o veinte días. Si un médico de familia se declara objetor de conciencia y tramita la solicitud, la persona de su jefatura tiene que buscar a otro y ese tiempo se añade. También puede que coincida una baja en medio del proceso. Con la media que tenemos, según el informe anual de la eutanasia en Euskadi, estamos muy ajustados a los tiempos de la ley e incluso alguno se acorta.

Al parecer, Noelia ya había intentado quitarse la vida. ¿Es habitual en quienes solicitan la eutanasia?

—Cuando la persona solicita la eutanasia ya viene con una historia clínica muy larga de procesos y en algunos casos en esa historia sí aparecen intentos de suicidio y en otros no, simplemente que ahora ya, en ese estado en el que están, se encuentran amparados por la ley y lo solicitan. En este caso, que la chica es joven y que ya manifiesta sus deseos de morir, lo ha intentado por medio del suicidio traumático y lo intentaba también por el procedimiento legal que le reconoce el derecho.

Abogados Cristianos, que representa al padre, dice que Noelia no tiene un padecimiento insufrible y que su testimonio “está viciado por su trastorno mental”. ¿No debe prevalecer el dictamen de los médicos?

—No hay nada que cuestionar, sobre todo cuando el procedimiento es impecable con las tres garantías que hay: el médico responsable, el médico consultor y los médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación. No hay un informe desfavorable y dos favorables, hay unanimidad. Esa es una situación en la que dices: ya está. Pues no, no está. Está judicializado porque la jueza reconoce que el padre tiene legitimidad para recurrir la eutanasia por el derecho a la vida familiar. Cuando te abren esa puerta, el que tiene interés y conocimiento, en este caso Abogados Cristianos, se une al padre y entran por ahí.

También alegan que la joven tuvo dudas sobre su voluntad de morir, pese a que ella ratificó su deseo de recibir la eutanasia ante la jueza.

—¿Cómo puedes cuestionar esto si tienes todas las valoraciones anteriores que hay? Dejar de existir o poner voluntariamente, como nos decía una persona, la hora es muy duro y la persona si tiene confianza, lo puede compartir, pero eso no significa que se plantea revisar el proceso porque tiene muy claro que el sufrimiento que padece cada hora no le compensa. De todos modos, en el último momento, cuando ya va a iniciarse, se le vuelve a preguntar: “¿Seguimos adelante?”. Conocemos un caso que ha revocado la decisión y no se ha hecho. Hasta en ese momento hay garantía de que la persona puede echarse atrás.

¿Los casos de jóvenes que solicitan la eutanasia son excepcionales?

—Son una minoría. Los jóvenes tienen la dificultad añadida de que suponemos que les queda una vida por delante y que puede que en el futuro haya avances o alguna alternativa que les ayude, por lo que creemos que tienen que esperar un poco a ver si sale algo. No estamos metidos en su mente, en lo que es para ellos su vida digna ni tenemos el sufrimiento que tienen que aguantar día a día. A veces hay acuerdos entre el profesional sanitario y la persona que lo solicita de decir: la ciencia te tiene que aportar todo lo que conoce y si ya no hay en este momento un beneficio para ti, entonces se te valida la decisión.

¿Conoce el caso de alguna persona que, al solicitar la eutanasia, haya expresado el temor de que sus padres la paralicen judicialmente?

—Hay personas que no quieren que la familia esté informada ni participe. Es su voluntad. Nosotros les decimos que no nos oponemos, pero que existen otras posibilidades, como aislar a una persona. Les explicamos que, igual por nuestra propia cultura latina del entorno familiar, estas cosas facilitan más algunos procesos tanto en la despedida como en el duelo. Una vez que haces esa reflexión con ellos, agradecen que les abramos ese abanico de posibilidades, pero nos dicen: “No quiero que mi familia intervenga en el proceso”. Con esos casos sí podemos encontrarnos.

Si la sentencia finalmente es favorable para Noelia, también sentará jurisprudencia y quizás puede disuadir a otras familias a emprender la senda judicial, ¿no?

—Lo que pasa es que está detrás una organización potentísima, no paran. Creemos que hay una oposición ideológica que se va a manifestar. En las propias comunidades autónomas hay diferencias en el desarrollo de la eutanasia por el componente ideológico, que se manifiesta en los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación y en los profesionales que intervienen.

¿De qué manera se manifiesta?

—Tú te puedes encontrar con un médico de familia o un médico que te está tratando específicamente la enfermedad que tienes que intente durante un tiempo retrasarlo: “No, no, hombre, tú todavía, vamos a esperar”. Es decir, hay una objeción encubierta, no te lo va a facilitar, no va a decir: “Vale, si tú me lo preguntas, si tú lo solicitas, tienes derecho, te lo gestiono”. Esa objeción encubierta va retrasando los procesos.