El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, ha suspendido cautelarmente las prestaciones a la mujer detenida por estafa y falsedad documental que era beneficiaria de ayudas y adjudicataria de una VPO en Bizkaia mientras vivía en Luxemburgo, “una vez conocida la detención y los motivos la misma”. Asimismo, aplicará “las sanciones pertinentes” a partir de los resultados de la denuncia.
La Policía Nacional detuvo el pasado día 30 de diciembre en Bilbao a esta mujer, de 32 años, que simultáneamente estaba empadronada en Luxemburgo y en Bizkaia y que era perceptora de prestaciones tanto de Lanbide como de la administración de Luxemburgo, además de tener adjudicada una vivienda de protección en Sestao, según la información aportada por este cuerpo policial este pasado viernes.
Perceptora
En un comunicado, Lanbide precisó ayer que la Policía Nacional le solicitó mediante oficio, a partir de la denuncia de un particular el 17 de julio de 2024, información sobre el expediente de prestaciones de esta persona, una petición en la que, “como es lógico en una investigación, no se informa de los motivos de la denuncia”.
Según explicó “una vez conocida la información de la detención y los motivos de la misma”, procedió a analizar el expediente de este caso y observó que a la mujer se le denegó en dos ocasiones la Renta de Garantía de Ingresos (en 2014 y 2015) por incumplimiento de las condiciones de acceso.
Asimismo, matizó que Lanbide no otorga la prestación por desempleo, competencia que corresponde al SEPE, por lo que no le consta que hubiese “irregularidad al respecto”.
Desde el servicio vasco de Empleo precisaron que, a partir del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, de la que sí es competente, la mujer accedió a la RGI en octubre de 2015 y desde mayo de 2022 era perceptora del Ingreso Mínimo Vital. A partir de esa fecha, Lanbide complementaba la prestación de IMV con la parte proporcional de RGI.
Según los datos que ha aportado, es asimismo titular de una Unidad de Convivencia monoparental con dos menores a su cargo desde 2015, “lo que la define como unidad de convivencia vulnerable”.
De inmediato
Lanbide precisó que, hasta la fecha, esta persona “ha cumplido los requerimientos y obligaciones” como beneficiaria y ha participado en las acciones de empleo. Por ello, Lanbide ha actuado “de forma ordinaria, sin sospechar irregularidades”.
A partir de la detención realizada por presunta estafa y falsedad, ha subrayado, ha actuado “de inmediato” realizando una suspensión cautelar de las prestaciones y ha iniciado los procedimientos de actuación estipulados en el reglamento de la Ley de garantía de ingresos y para la inclusión. En función de los resultados de la denuncia, aplicará “las sanciones pertinentes”.