“Se han antepuesto intereses particulares y personales sobre el interés general de Sopela”, lamentó ayer la alcaldesa de Sopela, Guruzne Carrasson, tras dar por finalizado el proceso de negociación que se inició el pasado mes de febrero para desbloquear el plan parcial de Abaro. Finalmente, la asociación Asociación Vecinal de Sopela no retirará el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el plan parcial de Abaro, lo que puede tener “graves consecuencias” para Sopela “en los ámbitos de la vivienda, la educación y el medioambiente”, según apuntó la regidora.
En este sentido, la primera edil explicó ayer martes que después de analizar detenidamente las peticiones de la Asociación Vecinal de Sopela (AVS/SAE) para suplir el déficit de vivienda de protección pública y mejorar el flujo de tráfico del sector Abaro, las y los concejales que representan a EH Bildu, Elkarrekin Sopela, PNV y PSE-EE han decidido canalizar estas peticiones a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Esta solución cuenta con un amplio consenso en la corporación municipal, con el respaldo de 16 de los 17 concejales”, apuntó la primera edil.
A su juicio, el nuevo PGOU en el que está trabajando el consistorio se perfila como la respuesta “más adecuada” a las peticiones de la asociación vecinal debido a su “viabilidad, eficacia y eficiencia”. A este respecto, Carrasson señaló que “aunque Asociación Vecinal sugirió realizar todas las actuaciones bajo la normativa actual, ya sea modificando el plan parcial de Abaro o adaptando las normas subsidiarias existentes, el plan parcial de Abaro ya fue aprobado por la mayoría de la corporación. Actualmente, se está redactando el nuevo PGOU, lo que representa una oportunidad para integrar las propuestas de AVS/SAE de manera coherente y planificada”. Por este motivo, solicitaron al equipo redactor del nuevo PGOU que “incorporara directamente las solicitudes” del movimiento vecinal en el denominado documento de avance, lo que “evidencia el esfuerzo realizado y la seriedad con la que se ha actuado en este proceso de negociación”, argumentó.
Sin embargo, el acuerdo no ha sido posible y la alcaldesa expuso que la negativa a retirar el recurso es una “decisión grave”, ya que “podría suspender la ampliación del instituto de Iberre, la recuperación del humedal de Urko y la construcción de 490 viviendas de protección oficial en Abaro”.
Propuesta “inviable”
Por su parte, desde la Asociación Vecinal de Sopela esgrimen que es “inviable la posibilidad de diferir la solución de los problemas que preocupan a la asociación de vecinos a un futuro PGOU” puesto que consideran que es algo “incierto e interminable y pagado por el Ayuntamiento y sus vecinos en vez de los propietarios y constructora”. Por ello, reflejan que el equipo de gobierno no les deja “otra alternativa que retomar el recurso contencioso”. Asimismo, señalan que mientras se resuelve el contencioso es “responsabilidad del equipo de gobierno continuar con el impulso y con el desarrollo del sector Abaro ya iniciado con la formalización de la ocupación anticipada de los suelos que el plan parcial destina al uso docente con la ampliación del instituto de Iberre”.
En breve
Negociación. El pasado mes de febrero, AVS y Ayuntamiento solicitaron la suspensión del proceso contencioso contra el plan de Abaro para buscar una solución extrajudicial.
Planteamiento de AVS. En el ámbito del tráfico, quieren “convertir Iberre e Iberrota en zona peatonal con acceso restringido a sus vecinos y vehículos de emergencia sin necesidad de modificar el plan parcial”. Además, piden “mantener la calle Abaro abierta al tráfico rodado y el actual puente existente o dotar al sector de una nueva conexión con Gatzarriñe para evitar la circulación del nuevo tráfico por Iberre. En materia de vivienda, solicitan modificar el plan parcial aprobado a fin de destinar el 75% de la edificabilidad a VPO y el 25% restante a VPT, y garantizar que las viviendas de protección se construyan primero, así como compensar el déficit de vivienda protegida.
