Otro de los pasos imprescindibles para poder iniciar las obras es la exposición a información pública del proyecto, para que todos los agentes interesados puedan presentar alegaciones. En ese trámite se han recibido un total de 76 propuestas de mejora, por parte de 35 alegantes como particulares, entidades y administraciones públicas que hacían referencia a aspectos de la seguridad vial de las personas, el impacto ambiental y acústico, o su integración urbanística. El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, anunció que finalmente se ha decidido incorporar el 75% de ellas, total o parcialmente, al considerar que mejoran el proyecto.
La Diputación aprobó el proyecto provisional del túnel bajo la ría el 18 de abril y, hasta el 1 de junio, cualquier interesado pudo conocer sus detalles y presentar sus peticiones o aportaciones al mismo. De las 76 alegaciones que se recibieron solo han quedado fuera una cuarta parte de ellas, muchas de ellas “porque no tienen que ver con el proyecto”.
En estos momentos, el departamento está analizado una a una las alegaciones que han sido aceptadas para valorar su viabilidad técnica. Entre ellas, por ejemplo, han llegado solicitudes de los centros escolares que existen en la zona de la margen derecha, pidiendo medidas para minimizar la generación de ruido, polvo y vibraciones que pudieran generar las obras. En respuesta a ellas se va a poner en marcha un programa de vigilancia ambiental que incorporará medidas correctoras. También se han recibido alegaciones de vecinos del entorno que solicitaban que, antes de empezar los trabajos, se revisara el estado de sus viviendas para que, en caso de que se produjeran daños en los mismos, quedara constancia de ellos y la Diputación pudiera atenderlos. En este sentido, Pradales anunció la incorporación de una reserva económica para revisar el estado de los domicilios. Y también se han pedido nuevos itinerarios peatonales, una vez culminen las obras. “Las estamos estudiando para incluir en el proyecto soluciones viables de movilidad peatonal que sean de interés y utilidad pública”, avanzó.
Planteamientos “razonables”
El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial señaló que ninguna de las alegaciones presentadas suponen una modificación del diseño de los túneles o sus enlaces ya que “la complejidad de la inversión es muy elevada”. Así, estas peticiones “se concentran fundamentalmente en la margen derecha y tienen que ver con los impactos que, en periodo de obra, puedan generar los propios trabajos de construcción”, detalló. Es más, consideró que se trata de planteamientos “muy razonables”, como la preocupación lógica que puede existir entre los vecinos de las zonas cercanas a donde se van a construir los emboques por los daños que eventualmente, debido a las vibraciones, se pudieran producir en sus domicilios, o en los centros escolares sobre el ruido o el polvo que se pueden generar durante el tiempo en el que las máquinas estén trabajando. “Piden que protejamos los centros, algo que ya estaba previsto, pero vamos a adoptar medidas correctoras aún más potentes.
