Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron el miércoles en pleno con los votos del PNV, PSE y EH Bildu una enmienda transaccional por la que se insta a la Diputación a que insista más en el control de las residencias de mayores y de personas con discapacidad de la red foral. Una vigilancia mayor que llegará incluso a que, ante situaciones "excepcionales y graves", se puedan suspender contratos con las residencias que pongan en riesgo la integridad de las personas.

La portavoz de grupo jeltzale, Idoia Inoriza, remarcó que a la Diputación "no le va a temblar la mano" a la hora de romper compromisos, pero estos incumplimientos "tendrán que ser probados". Por su parte la portavoz de EH Bildu, Arantza Urkaregi, avisó de que "estaremos muy atentas a que se cumpla lo pactado". Inoriza expuso los datos del control efectuado por el departamento de Acción Social foral sobre las residencias desde que comenzó la pandemia hace un año. Las actuaciones inspectoras han superado las 4.000 entre las habituales y las especializadas con respecto al covid. Como consecuencia, se ha llevado a cabo 73 requerimientos y abierto 22 expedientes sancionadores. Este listado implica que se están haciendo más inspecciones que antes y es "la línea a seguir", aseguró Inoriza. La iniciativa aprobada también incluye la presentación "antes de fin de año" de la planificación para la transformación de la red foral de residencias en pequeños módulos de convivencia. La juntera del PSE, Ana Campo, destacó la necesidad de abordar el reto de los cuidados de las personas mayores que, a su entender, "obliga, entre otras cosas, a la necesaria transformación del modelo residencial". "Y cuanto mayor sea el consenso para hacerlo, mejor", concretó.

Por su parte, el apoderado de Elkarrekin Bizkaia Héctor Fernández consideró que, con la transacción con el PNV y PSE, la iniciativa es "papel mojado". Eduardo Andrade, del PP, aseguró que "es imposible" la zonificación de centros grandes en la que trabaja Acción Social.

Otros puntos

Compromiso. Las JJ.GG. rechazaron exigir a las empresas que soliciten subvenciones "un compromiso con el empleo de calidad" de manera que, de incumplirlo, devuelvan el dinero.

Impuestos. En el pleno de ayer se aprobó el decreto foral para eliminar el IVA de las vacunas, así como elevar del 10 al 21% el gravamen a las bebidas edulcoradas.