Denuncian a Desokupa por “coacciones” a una portugaluja

Según indicó Eska Araiz, miembro de la Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, fue hace, aproximadamente, dos semanas cuando dos personas en nombre de Desokupa, todo hace indicar que contratados por la propietaria de la vivienda, acudieron al inmueble en cuestión a advertir a la mujer de que sería desalojada. “Según ocurrieron los hechos, la mujer nos llamó muy asustada y ahí fue cuando encendimos las alarmas. Pero como vimos que, al transcurrir los días, no ocurría nada, las cosas volvieron a la calma”, señaló Araiz.

Pese a todo, la Oficina de Derechos Sociales se mantuvo alerta y empezó a tejer redes de ayuda para la mujer. La alarma volvió a activarse la pasada semana cuando la mujer, cuya identidad hasta la fecha han preferido preservar, recibió, presuntamente, el citado mensaje de audio del fundador de la empresa encargada de ejecutar desalojos. Ahora, un grupo de personas se ha organizado para evitar que este inmueble se quede vacío en cualquier momento para evitar que se produzca el desalojo de la mujer que “no quiere seguir en ese piso, pero no tiene otro sitio al que ir”, tal y como explicó Araiz a DEIA.

Tras estos hechos subyace un conflicto privado por la vivienda en cuestión. En un principio, tal y como apuntaron desde la Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, la inquilina y la arrendadora del inmueble “mantuvieron una relación de alquiler del inmueble. Los pagos del mismo se hacían en B y tenemos prueba de cómo la arrendadora solicitó a la inquilina que no hiciese los pagos mediante ingresos bancarios”. Pero, en mitad de esa relación en la que, al parecer, los pagos de las mensualidades se hacían en mano, la arrendadora del inmueble decidió que la inquilina debía de marcharse de la vivienda. “Queremos dejar claro que este caso no es, para nada, como el ocurrido con la vivienda de Vitori en El Progreso o el del piso de la calle José Miguel de Barandiarán de Santur-tzi. Esos son casos claros de usurpaciones de viviendas. Esta mujer paga las facturas, paga todos los gastos que genera su estancia en la vivienda y quiere negociar el pago de un alquiler de forma regular y legal, pero, actualmente, la propietaria se niega. La inquilina está siendo víctima, ahora mismo, de un caso de acoso inmobiliario. Es un caso tan claro que por eso nos hemos decidido a hacerlo público”, desarrolló Araiz.

Desde la entidad que asesora y apoya a aquellas personas y familias que puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión afirman, en voz de Araiz, que “este conflicto debe resolverse por la vía personal o judicial, pero no puede resolverse con métodos como los que utiliza esa empresa. Necesitamos una ley que regule estos casos y, también, ate en corto las prácticas de estas empresas. Hay que buscar una solución estructural a los problemas de la vivienda”.

Caldo de cultivo Asimismo, Araiz puso el acento en que “la propietaria y esta empresa se han aprovechado del caldo de cultivo que se ha creado en torno a las ocupaciones de vivienda en los últimos meses en Ezkerraldea, para tratar de solucionar un problema que no quiere judicializar porque, como mínimo, tendría que hacer frente a una sanción y la empresa para hacer negocio”. Y es que, la Oficina de Derechos Sociales de Portugalete pretende poner freno a este tipo de empresas y que no suceda lo que pasa en zonas trabajadoras de otros lugares de la península en los que se multiplican los casos como el de esta mujer de Portugalete.