vivienda digna

Afectados por desahucios acampan ante la sede de Visesa/Alokabide en Bilbao

Ante el inicio de la campaña electoral de las próximas  elecciones municipales del 26 de mayo

09.02.2020 | 01:58
Concentración de Stop Desahucios, ayer, en Donostia.

Ante el inicio de la campaña electoral de las próximas  elecciones municipales del 26 de mayo

BILBAO. Convocados por la Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los  Derechos Sociales, Berri-Otxoak, los denunciantes han querido mostrar  también con su protesta "su apoyo" a la acampada que a su vez está  desarrollando María José Porrino en Irun junto a su hija de 12 años y  en tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama; y que lleva  dos semanas acampada ante el Ayuntamiento de Irun en demanda de "una  vivienda digna".

Los concentrados se han instalado con sacos de dormir, esterillas,  mantas y tiendas de campaña ante la sede de la sociedad pública del  Gobierno vasco para denunciar el "sistemático incumplimiento" del  convenio de colaboración firmado por jueces y ayuntamientos en  relación con los desahucios por el que los jueces deben comunicar de  oficio a los servicios sociales municipales las demandas de desahucio  y estos deben emitir un informe de vulnerabilidad y proporcionar una  alternativa de alojamiento a través de Etxebide.

A juicio de ambas asociaciones, "lo grave es que ni los  ayuntamientos ni el Gobierno vasco cumplen esta obligación con el  argumento de que no tienen viviendas, que los pisos de acogida de los  ayuntamientos son insuficientes, y que no responden a las necesidades  de vivienda con carácter de urgencia".

Los concentrados han recordado que las instituciones y los  partidos que las gestionan "están vulnerando, además, las diferentes  resoluciones internacionales en esta materia emitidas desde el  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Dictamen de la ONU de  junio de 2017, por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales".

Por otro lado han indicado que "los 60 pisos para emergencias que  dice disponer el Gobierno vasco nunca están accesibles y se convierte  en papel mojado la asignación con carácter de urgencia prevista  legalmente".

En ese contexto, desde ambas plataformas entienden que la Ley de  Vivienda Vasca, aprobada en junio de 2015, "se está infringiendo  porque el parque de viviendas de gestión pública está estancado y no  se toman medidas contra la burbuja especulativa de alquileres".

Desde su punto de vista, esta situación ha dado como resultado que  "se han disparado los precios de alquiler, situado en los 1.096 euros  de media en la Comunidad Autónoma Vasca, y han proliferado los pisos  turísticos", dando lugar a una "dramática consecuencia como es el  aumento espectacular de los desahucios de alquileres".

Por este motivo, exigen "medidas urgentes e inmediatas para  paralizar los desahucios, garantizar el derecho a una vivienda digna  y la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional  para todas las personas y familias afectadas por el desalojo de su  vivienda habitual".