Bilbao - El fraude en las ayudas concedidas para atender a las personas dependientes en su hogar no alcanza el 1% en Bizkaia. La Diputación retiró el año pasado 37 de las 4.504 prestaciones para el cuidado en el entorno familiar que revisó dentro de su plan de inspección y control de los servicios y prestaciones sociales. “Hoy, con más certidumbre, podemos decir que la financiación de los servicios sociales está bien destinada y llega a quien tiene que llegar”, valoró la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, al presentar el balance de 2018 de este plan en las Juntas Generales a petición de EH Bildu.
Según recordó Sánchez Robles, con este plan, puesto en marcha en 2017, se reforzó la inspección y control que la Diputación ya realizaba en materia de servicios sociales, “centrada sobre todo en garantizar que las entidades y centros cumplan todos los requisitos por la ley, además de un control sobre las prestaciones que desarrollaban por los gestores. Como institución llevamos un largo recorrido de inspección y control de servicios y prestaciones”. La responsable foral también destacó la “consolidación y crecimiento” que experimentan los recursos destinados a los servicios sociales, que en Bizkaia han pasado de 295 euros por habitantes en el año 2000 a los 1.110 de 2016. “El seguimiento y la evaluación buscan garantizar que los servicios y prestaciones sociales lleguen a quienes los necesiten y cumplan la función para la que fueron concedidos. Es un ejercicio de responsabilidad y una cuestión de justicia social”, subrayó.
En líneas generales, el año pasado se llevaron a cabo más de 35.000 actuaciones, 5.000 más que en 2017, y se inspeccionaron 27.932 prestaciones, 2.944 y 4.504 hogares, el doble que el año anterior. En 2018 se incluyeron además, por primera vez, los centros de atención temprana y ocupacionales. “Seguimos incrementando el número de actuaciones de control, seguimiento e inspección”, señaló la diputada. En lo que respecta al control de cuidados en el hogar, se verifica, visitando in situ 4.504 viviendas -una cuarta parte de las personas beneficiarias de estas ayudas-, que las personas dependientes están bien atendidas y que los cuidadores también se encuentran en buen estado.
A lo largo del año pasado se tuvieron que retirar 37 prestaciones, lo que representa el 0,8% del total: once, porque los perceptores se habían trasladado a otra comunidad y no lo habían notificado; doce, porque no se acreditó que el dependiente y su cuidador seguían viviendo juntos, y catorce, de forma cautelar, al no haber podido contactar con ellos.
También se tuvo que actuar de urgencia en diez casos: ocho personas tuvieron que ingresar en una residencia, otra fue derivada a un centro de día y en el último caso se determinó realizar un seguimiento más frecuente. “En ningún caso se han detectado malos tratos”, advirtió la diputada, sino que las actuaciones estuvieron motivadas por la sobrecarga de la persona cuidadora o por la imposibilidad de prestar los cuidados adecuados, debido al avance de la propia dependencia. Además, se detectó riesgo de claudicación en 35 cuidadores. “Las personas en situación de dependencia reciben cuidados de calidad”, consideró Sánchez Robles.
También se constató que los usuarios de los centros de servicios sociales estén bien atendidos. Así, controló la atención y cuidado de 2.552 personas, entre ellos 150 usuarios de centros ocupacionales, sin que fueran detectadas incidencias destacables en su atención. Asimismo, fueron revisadas 27.932 prestaciones sociales y casi veinte millones en ayudas y subvenciones a entidades.
Tanto EH Bildu como Podemos solicitaron que estos datos se hagan públicos, para “mostrar que el fraude social es mucho menor que el fiscal”, mientras que PNV y PSE destacaron que este plan “funciona” a la hora de realizar un control de las prestaciones.
