Hacienda dobla las sanciones al defraudador
BILBAO. Mano dura con los defraudadores, guante de seda con los más desfavorecidos. La Diputación de Bizkaia presentó ayer un paquete de medidas fiscales con dos claros objetivos. Por una parte, cerrar todavía más los resquicios legales de los que se aprovechan algunos contribuyentes para defraudar a Hacienda y limitar la posibilidad de deducir gastos de autónomos y empresas. Y, por otra, minimizar el impacto fiscal en los colectivos de parados y afectados por ERE, así como eliminar las cargas tributarias para los ciudadanos que se vean obligados a entregar su vivienda al banco por no poder atender los pagos de la hipoteca.
Todas esas cuestiones forman parte de un proyecto de norma foral que ya ha sido enviado a las otras dos diputaciones y al Gobierno vasco para su debate en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria. Posteriormente tendrá que ser ratificado por el consejo de gobierno foral y remitido a las Juntas Generales para su aprobación.
El diputado general, José Luis Bilbao, recordó que la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales compromisos que asumió en el pleno de política general de septiembre y recuperó una frase de aquel discurso destinada a los que pretenden engañar a Hacienda: "Que no duerman tranquilos, que vamos a ir a por ellos. Estén donde estén, se llamen como se llamen, y serán juzgados por la Hacienda Foral y, si fuera el caso, por la Justicia".
Esas palabras se han traducido en 65 nuevas medidas para reforzar la persecución del fraude. Entre ellas, se duplicarán las sanciones mínimas -que pasarán del 50% de la cantidad defraudada al 100%- y un sustancial incremento de la sanción máxima del 200% al 250%. A efectos prácticos, ese aumento supondrá que quien defraude 1.500 euros tendrá que ingresar en Hacienda esa cantidad y otros 1.500 euros en concepto de multa, 3.000 en total.
Multas graves La gravedad de la infracción se determina en función de parámetros como el volumen del dinero defraudado, la reiteración en el delito o la alteración constante de la contabilidad, entre otras.
Junto con el apartado sancionador, Bizkaia también revisará otras puertas de evasión detectadas por los técnicos de la Hacienda Foral. Así, se ampliarán los supuestos de responsabilidad para garantizar el cobro de las deudas tributarias para evitar, por ejemplo, que el administrador de una empresa a punto de entrar en concurso de acreedores maquille su sueldo de cara a la declaración de la renta. Según explicó José Luis Bilbao, en algunas insolvencias se han descubierto subidas ficticias de retribuciones, y por tanto de las retenciones, cuya devolución era reclamada más tarde a Hacienda sin que se produjera su ingreso real. Del mismo modo, los inspectores fiscales tendrán mayores facultades de investigación patrimonial y margen para decretar medidas cautelares sobre posibles responsables de delitos. Se evitará así el vaciado de cuentas que se ha registrado en algunas de las revocaciones del NIF, la licencia necesaria para desarrollar una actividad fiscal, practicadas recientemente.
El escudo contra el fraude de Bizkaia se reforzará además con la nueva obligación de informar sobre los bienes situados en el extranjero y límitando los gastos deducibles de autónomos y empresas. Respecto a este último apartado, Bizkaia extremará la vigilancia sobre uno de los principales coladeros legales del fraude y acabará con los abusos en las deducciones gracias a la barrera de un límite muy nítido que no existía hasta ahora. A partir del próximo año, solo será posible deducir el 50% de los gastos de representación -restaurantes, hoteles, viajes...- y el descuento no podrá superar en ningún caso el 5% de los ingresos del declarante. Los gastos por obsequios relacionados con la actividad profesional serán como máximo de 300 euros por destinatario y será obligatorio identificar al beneficiario.
Y el valor máximo deducible de un turismo adscrito a una actividad económica se situará en 25.000 euros, y quedarán fuera de la declaración barcos y aeronaves que no formen parte de la producción de la empresa. El proyecto de norma foral contempla asimismo una restricción del acceso a la tributación por módulos, que estará vedada para quien facture al año más de 450.000 euros, realice compras superiores a los 300.000 euros o practique retenciones a terceros superiores a los 200.000 euros.
Junto a otras cuestiones, también se impedirá la compensación de pérdidas de actividades económicas con rendimientos de trabajo, algo que ocurre en las declaraciones conjuntas de cónyuges cuando uno de ellos tiene nómina y el otro es un empresario con pérdidas.
Al celo en la lucha contra el fraude se contrapone la decisión de eliminar las obligaciones tributarias de los contribuyentes que se ven obligados a entregar su vivienda habitual en dación de pago por no poder atender las cuotas de la hipoteca. En el Estado se aplica una medida similar en los casos más vulnerables, un filtro demasiado subjetivo a juicio de la Diputación.