Los accidentes de tráfico en los túneles de Mont Blanc, Tauern y San Gotardo, entre 1999 y 2001, abrieron un intenso debate sobre la seguridad en los túneles de carretera a nivel europeo. A raíz de aquellos pavorosos incendios, en los que fallecieron decenas de personas ante la imposibilidad de los servicios de asistencia de llegar al lugar del accidente, se decretaron normativas con los requisitos mínimos de seguridad para estas infraestructuras. Pero al no formar parte de la Red Transeuropea de Carreteras, ninguno es de obligado cumplimiento para los túneles que gestiona el Ayuntamiento de Bilbao. Por ello, el Consistorio se dispone ahora a regular este ámbito , estableciendo las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir los túneles de competencia municipal, ajustándolas a sus características urbanas, además de sus revisiones y simulacros. La nueva regulación, de momento, solo afectará al de Karmelo Bernaola, en la bajada de Ibarrekolanda, aunque en el futuro también se aplicará a los que se construyan o cedan por otros organismos, principalmente la Diputación Foral de Bizkaia.
Europa estableció en 2004 una normativa de requisitos que debían cumplir todos los túneles que formaran parte de la red transeuropea y que tuvieran más de 500 metros. Los estados miembros debían transponer la norma en sus respectivos territorios; el Estado español lo hizo en 2006, a través de un Real Decreto de obligado cumplimiento. Bizkaia, al tener competencias exclusivas en materia de carreteras, adoptó aquella directiva no solo en la red transeuropea, sino en todos los túneles de la red foral de más de cien metros.
Sin embargo, esas normativas no son de obligado cumplimiento para los túneles gestionados por Bilbao, además de que están concebidas para túneles interurbanos y no tienen en cuenta las características de los urbanos, como velocidades reducidas, altos niveles de tráfico, posibilidad de congestión, presencia de incorporaciones y salidas a lo largo de su recorrido, o proximidad a los servicios de emergencia y a cruces o rotondas cuyo tráfico se regula a través de semáforos.
Necesidad
Por todo ello, no se pueden adoptar para aplicarlos a los viales municipales. “En ausencia de un marco normativo específico a nivel estatal, es preciso disponer de un marco regulatorio municipal que defina las medidas de seguridad comparables para los túneles situados en los viales competencia del Ayuntamiento”, contextualiza la primera versión del documento, que ha puesto en exposición pública el área de Movilidad y Sostenibilidad. Pero hay más: en caso de que ocurriera un accidente con víctimas “puede acarrear consecuencias legales si la justicia determina que, ante la ausencia de un marco regulatorio de ámbito municipal, el equipamiento de los túneles debe ajustarse a lo requerido por las normativas de rango territorial superior, que pueden requerir medidas no ajustadas a la realidad de la trama y la movilidad urbana”.
Lo primero que determina esta normativa es quién es el responsable de que se cumplan todos los requisitos de seguridad. En el caso de Bilbao, será la Junta de Gobierno, conformada por diez concejales del PNV y del PSE, además del propio alcalde, Juan Mari Aburto. Se encargará de determinar el procedimiento para cerrar de forma inmediata el túnel en caso de emergencia, disponer inspecciones regulares y poner en práctica las medidas para reducir los riesgos, si fuera necesario. También podrá realizar directamente, o delegar, las funciones de inspección, evaluación y pruebas.
Karmelo Bernaola. Será el primer túnel y, por ahora, el primero al que se aplicará la nueva normativa de seguridad. El 23 de noviembre de 2018 se firmó el acta de cesión al Ayuntamiento de Bilbao por la Diputación Foral de Bizkaia de la carretera foral N-604 (Bilbao-Asua por Enekuri) del punto kilómetro 2+740 al 3+510, con siete ramales y dos estructuras: el túnel de Karmelo Bernaola y el puente sobre la BI-604, conexión con Arangoiti. Tras esta cesión, el túnel pasó a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Bilbao la gestión, explotación, conservación y mantenimiento ordinario del mismo.
Adecuación. El Ayuntamiento comenzó, en abril del año pasado, las obras de remodelación y adecuación a la normativa vigente del túnel Karmelo Bernaola, más conocido como túnel de Ibarrekolanda, compuesto por dos tubos paralelos de 495 metros. Una de las actuaciones más destacadas es independizar totalmente los dos sentidos de circulación, que anteriormente no lo estaban en los primeros 115 metros entrando desde Bilbao. Ya se ha instalado el hastial que los separa, capaz de soportar el impacto de un vehículo en cualquiera de sus calzadas, para lo que se ejecutará un tabique de hormigón. También se contempla la construcción de una galería para la evacuación de personas que conectará ambos tubos, con puerta cortafuegos, ventiladores, iluminación, poste SOS y extintor. Las obras tienen un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que finalizarán en julio.
En el análisis de riesgos –que se incluirá en el manual de explotación de la infraestructura– tendrá en cuenta todos los factores que afectan a la seguridad en el mismo, sobre todo su geometría, el entorno, el equipamiento, las características del pavimento y el tráfico, y el tiempo de llegada de los servicios de emergencia.
Inspecciones y simulacros
Se deberán realizar inspecciones periódicas, al menos una cada seis años –si no se cumplen y hay que adoptar medidas será la Junta de Gobierno la que establezca las condiciones para el túnel siga funcionando o para su reapertura– mientras que será obligatorio llevar al cabo al menos un simulacro cada cuatro, en el que participarán el personal gestor del túnel y los servicios de emergencia. Deberán ser conjuntos para cada uno de los tubos, ajustándose a situaciones realistas y a escala natural. Durante los años que pasen entre uno y otro, deberán efectuarse además ejercicios parciales o de simulación.
Los túneles que ya estén en servicio –actualmente, solo el de Karmelo Bernaola, que fue cedido por la Diputación Foral de Bizkaia al Ayuntamiento de Bilbao– tendrán un plazo de seis meses para emitir un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad. En base a ese análisis, se deberá definir un plan para hacer las adaptaciones necesarias, si fuera necesario, y, en el máximo de tres años, llevar a cabo las obras para implementarlas. Los que todavía no tienen el proyecto aprobado deberán seguir la nueva regulación mientras que los que estén aprobados, pero aún no estén en servicio, también deberá incorporarlas antes de su apertura.
