Frente al pesimismo en Bruselas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo del Brexit antes del límite de octubre, Londres presiona para comenzar a redactar cuanto antes un borrador con los asuntos menos controvertidos, mientras ambos se mantienen inmóviles en los puntos clave que bloquean la negociación.
Tras una séptima ronda de contactos que ha terminado una vez más sin avances perceptibles, el Gobierno británico ha redoblado su insistencia en aparcar por ahora los dos ámbitos más problemáticos: las cuotas pesqueras y la regulación de las ayudas estatales.
La Unión Europea (UE), sin embargo, no quiere avanzar únicamente en asuntos que interesan al Reino Unido, ante el temor de que a última hora, cuando apenas haya margen de maniobra, los negociadores británicos traten de imponer una serie de “miniacuerdos” que dejen fuera los aspectos que más preocupan a los socios comunitarios.
Ambos lados del canal de la Mancha esperan que sea el otro quien parpadee primero y ceda en aspectos fundamentales, aunque por ahora es Bruselas la que impone el ritmo del diálogo.
El bloque europeo necesita al menos once semanas para ratificar un eventual pacto, por lo que la cumbre del 15 de octubre es la fecha límite efectiva para firmarlo. Para cumplir ese calendario, el borrador completo de un texto debería estar listo a principios de ese mes para que los países puedan estudiarlo.
Si finalmente no hay consenso, el Reino Unido rompería sus lazos con la UE el 31 de diciembre, al término del periodo de transición del Brexit, sin haber fijado los términos de las relaciones bilaterales con sus 27 países vecinos. Esa posible ruptura sin acuerdo amenaza con interrumpir los flujos comerciales y de servicios, además de obstaculizar la cooperación en seguridad, sanidad, investigación y otros muchos ámbitos.
Londres asegura que un pacto a tiempo “todavía es posible”, aunque admite que “no será fácil”, mientras que el negociador jefe europeo, Michel Barnier, ha utilizado un tono especialmente sombrío para decir que el diálogo parece ir “hacia atrás, más que hacia adelante”.
El papel obstructor que jugó la frontera de Irlanda del Norte en la negociación sobre las condiciones de salida de la UE lo están jugando ahora la pesca y las ayudas estatales a la hora de diseñar la futura relación con la UE.
A pesar de que el peso económico de la pesca no es comparable al de otros sectores, Bruselas se resiste a abrir un debate interno sobre el reparto de cuotas en aguas británicas, que podría sacar a flote profundas divisiones entre países miembros del bloque. La nula predisposición europea a cambiar el statu quo pesquero convierte a este punto en la principal carta negociadora del Reino Unido, que exige un reparto de cuotas anual similar al que se acordó con Noruega.
Al mismo tiempo, uno de los principales objetivos de los socios europeos es impedir que Londres utilice su salida de la UE para conceder a sus empresas ventajas competitivas respecto a las del mercado único.
Para evitarlo, esperan que los británicos acepten mantenerse alineados con las normas comunitarias en materias como fiscalidad, competencia y subsidios, algo que el Reino Unido rechaza de plano al considerar que iría en contra de su soberanía como país independiente.
A pesar de las diferencias en múltiples ámbitos, ambos equipos han constatado acercamientos en sus posiciones sobre las futuras normas en el intercambio de bienes, certificados de origen y arreglos aduaneros.
También se ha debatido en profundidad acerca de cooperación energética, sobre la participación del Reino Unido en programas europeos y en cuanto a la normativa que será necesaria para mantener la fluidez del transporte aéreo.
Aun así, en ninguno de esos ámbitos se ha comenzado a poner negro sobre blanco las aproximaciones logradas hasta la fecha, a pesar de la presión británica en ese sentido.
