Atenas - Las islas del Egeo griego ya no aguantan más. Los habitantes de las cinco comunidades, que albergan a más de 40.000 migrantes en campamentos con una capacidad para sólo 6.000 personas, han decidido plantar cara al Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis. Ante el Ministerio del Interior en Atenas, varios centenares de vecinos de estas islas, flanqueados por sus Gobiernos locales, dieron ayer rienda suelta a su ira contra los planes del Gobierno de crear nuevos centros cerrados en sus islas.

Piden la descongestión inmediata de los campos, el traslado de todos o, al menos, de la mayoría de los migrantes al territorio continental y no están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto la creación de nuevas instalaciones. "El plan del Gobierno es que toda esta gente se quede en las islas del Egeo del Norte. Creemos que esto no es correcto y que deben repartirlas por todo el país. Si no podemos detener la inmigración, tenemos que repartirlos", señaló el gobernador central de la región de Egeo del Norte, Kostas Muntsuris, durante la manifestación. Para la población insular, la gota que colmó el vaso fue el decreto ley aprobado esta semana por el Gobierno, que prevé la requisa de terrenos en Lesbos, Samos y Quíos para instalar los nuevos centros cerrados. Nada más publicarse este decreto, las comunidades locales decidieron suspender la cooperación con el Gobierno, un Ejecutivo con el que por lo demás comparten color político. "El Gobierno no va a dar marcha atrás", zanjó el portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas, en varias entrevistas a las televisiones públicas a lo largo de los últimos días.

Petsas insiste en que el Gobierno no tiene prevista una expropiación dura, sino una requisa por un periodo de tres años en los que las personas que se vean obligadas a ceder su terreno recibirán una compensación económica. Pero los ciudadanos de las islas no parecen confiar en la palabra del Gobierno, a pesar de que Mitsotakis -Nueva Democracia ganó por mayoría las elecciones generales en julio pasado- sigue gozando de gran popularidad, entre otras cosas, por su política de mano dura en seguridad ciudadana. Los isleños no creen que los nuevos centros cerrados sustituirán a los abiertos, que albergarán un máximo de 20.000 personas y que el resto será devuelto a Turquía o trasladado al continente en pocos meses, como asegura el Ejecutivo.

Más migrantes que población Temen que al final los nuevos convivirán con los campos ya existentes como el de Samos que, con alrededor de 7.300 migrantes (once veces más que su capacidad), tiene más habitantes que la capital de esa isla (6.250). Las cifras avalan este miedo. De los 20.000 traslados a la parte continental que anunció el Ejecutivo para comienzos de año, de momento solo se han efectuado en torno a 9.000. Pese a ello, Petsas insiste en que es factible sacar a los 11.000 restantes antes del verano. Además de acelerar los trámites de asilo -condición necesaria para poder trasladar a tierra firme o devolver a Turquía- el Gobierno apuesta por reforzar los controles fronterizos e incluso planea instalar vallas flotantes en el mar para disuadir a los que llegan en pequeños botes desde la costa turca.

Esta idea, basada en los dispositivos para contener los vertidos de petróleo, ha causado hilaridad entre los medios nacionales e internacionales, habida cuenta de la inmensidad de kilómetros de costa que habría que "proteger". Yannis Burnús, diputado de la izquierdista Syriza por Lesbos, pone especial énfasis en que la población de las islas no se ha vuelto racista de la noche a la mañana. "Hemos unidos nuestras voces (...) estamos aquí para demostrar democráticamente nuestra determinación de continuar esta lucha, una lucha que no divide a locales y refugiados, sino que es contra el Gobierno y contra la política europea que ha dejado solas a las islas griegas", señaló Burnús.