Los udalekus incorporarán la figura del “protector de menores” para prevenir casos como el de Bernedo

Los udalekus deberán disponer de una persona delegada de protección de la infancia, según establece el decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre elaborado por el Gobierno Vasco para evitar situaciones como las denunciadas en el campamento de Bernedo.

El decreto, que desarrolla la ley 2/2022 de Juventud, detalla los requisitos que deberán cumplir las actividades de ocio infantiles y juveniles, como las acampadas, los campos de voluntariados y las colonias de verano.

Mayor control

Sus disposiciones establecen mayor control sobre este tipo de actividades, con el objeto de que no se repitan casos como el del udaleku de Bernedo, sobre el que existe una investigación judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual.

Según algunas de las familias denunciantes, en ese campamento se obligaba a los chicos y chicas a compartir las duchas con los monitores sin tener en cuenta el sexo.

El Gobierno Vasco anunció este decreto el pasado mes como una vía alternativa y paralela a la modificación legal impulsada por el PNV y el PSE para establecer nuevos requisitos y mayor control sobre la organización de campamentos de verano.

El decreto, que el Gobierno Vasco pretende que entre en vigor antes de este verano, establece que las entidades que organicen los udalekus deben nombrar a una persona delegada de protección de la infancia y la adolescencia, con formación para desempeñar esta labor.

Este delegado puede ser el director de las colonias, en el caso de que disponga de la formación requerida, y entre sus funciones figura explicar los protocolos de prevención y protección frente a la violencia y activarlos cuando sea necesario.

También tendrá la responsabilidad de comunicar cualquier situación de violencia o sospecha que exista, "según la normativa vigente", así como proteger los datos sensibles de menores, entre otras tareas.

Declaración responsable

El decreto detalla el contenido que deberán incluir la declaración responsable que los organizadores deberán presentar ante las instituciones, mucho más exhaustiva que el requerido hasta ahora, y en el que deben figurar un protocolo de actuación frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia y los certificados negativos de delitos de naturaleza sexual, renovado anualmente, de todo el personal. El decreto sustituirá al actualmente vigente, que data de 1985, y que establecía requisitos muy generales y mucho menos detallados para la celebración de este tipo de actividades.