El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha allanado el camino para que más de mil estudiantes migrantes sin papeles que cursan este año segundo de Formación Profesional puedan obtener su título. Según ha podido saber este periódico, el Gabinete que dirige Jokin Bildarratz ha encontrado un vericueto legal que permite mitigar los efectos indeseados del decreto que entró en vigor el pasado 1 de enero, por el cual todo el alumnado que realice prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación deberá ser dado de alta en la Seguridad Social.
El espíritu de la norma incluida en la Reforma de las Pensiones, impulsada por José Luis Escrivá en su etapa de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretendía poner coto a la precariedad de los becarios y los abusos de las empresas. Sin embargo, el Real-Decreto 2/2023 ha provocado serios problemas a cientos de estudiantes en situación administrativa irregular, parte de ellos tutelados por las tres diputaciones. La razón que el legislador no contempló en su reforma es, en realidad, muy simple. Si una persona carece de residencia legal, las empresas y entidades formadoras no la pueden dar de alta en la Seguridad Social para poder hacer las practicas obligatorias que dan acceso al título. Hasta ahora, no habría ningún problema.
PRÁCTICAS EN EL CENTRO FORMATIVO
La solución del Departamento de Educación a este obstáculo administrativo son las prácticas en el centro formativo con plena cobertura en lo dispuesto en el Real Decreto 659/2023 por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional. Para ello, los centros deberán disponer de aulas donde se simule un entorno laboral, donde realizar tareas propias del puesto de trabajo u ocupación relacionadas con el ciclo del que se trate.
Los alumnos de FP que aún no tengan el NIE (Número de Identidad de Extranjero) podrán realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en el centro en el que cursan su Grado Inicial, Medio o Superior. Si el alumno supera con éxito este periodo, que suele durar el 25% del tiempo total del ciclo, Educación lo convalidará. De este modo, estos jóvenes podrán obtener el título para dar el salto al mercado laboral o seguir estudiando, que es una de las vías para conseguir la residencia.
Una de las novedades del decreto de la Ordenación de FP prevé la concesión de un permiso de residencia temporal a los extranjeros en situación irregular que quieran matricularse en estos estudios. Además, el arraigo por formación es una figura de reciente creación incluida en el Real Decreto 629/2022 que permite conseguir un permiso de residencia legal válido por un período de 12 meses a aquellas personas migrantes que lleven 2 años en el Estado y quieran obtener una formación que les ayude a insertarse laboralmente.
Es una medida interesante porque agiliza la incorporación de las personas extranjeras al mercado laboral y permite cubrir puestos para los que existe falta de mano de obra. Además, posteriormente les permite trabajar si consiguen un contrato de trabajo.Lejos de querer provocar un efecto llamada, lo que pretendería Educación con esta salida es poner fin al limbo legal en el que se hallaba un colectivo ciertamente vulnerable, atendiendo el compromiso del Gobierno vasco con la garantía de los derechos básicos –salud, educación, ingresos mínimos– de toda la gente que vive en Euskadi, tenga esta papeles o no.
MEDIDAS EXCEPCIONALES EN LANBIDE
Las prácticas en el centro formativo ideadas por Educación se unen a las medidas excepcionales aprobadas por Lanbide en el ámbito que de su competencia, las prácticas en centro de trabajo vinculada a los certificados de profesionalidad financiados por este organismo autónomo, en las que también se exige la residencia para ser dado de alta. Esta situación afecta en estos momentos a 1.224 personas y 52 centros, una cifra que se podría ampliar a lo largo de 2024 en función de las convocatorias realizadas.
En este contexto, la viceconsejera Idoia Mendia señaló que entrada en vigor de la exigencia de cotización de prácticas no remuneradas es “una medida muy positiva que se convertía en un perjuicio para estas personas en situación irregular, tanto en el derecho a la inclusión laboral como en el derecho fundamental a la educación”. Y, además, se había producido un efecto sobrevenido en los centros que habían accedido a la financiación con la condición de realizar un módulo de prácticas en centros de trabajo, algo que les resultaba imposible de cumplir con la nueva exigencia legal.
Por derivada, las empresas que buscan perfiles nuevos se veían perjudicadas en sus perspectivas de contratación. Tras una primera circular provisional y preventiva de Lanbide, para que esos centros no adoptaran medidas que pudieran tener dudas de legalidad, se ha aprobado nueva Instrucción en la que se recogen varias medidas excepcionales. Como medida general, se ampliará el plazo para hacer las prácticas cuando los migrantes hayan iniciado el trámite de autorización de residencia o su prórroga o cualquier otro proceso de permiso que le permita residir legalmente y puedan completar su regularización en ese plazo accediendo a las prácticas en las empresas con alta en la Seguridad Social.
