No conocen su edad o no quieren decirla y, además, no cuentan con una documentación que la acredite: esa es la realidad de muchos de los adolescentes que llegan no acompañados a Canarias en cayuco, patera o balsa neumática y que, de determinarse que tienen 18 años o más, vivirán una acogida diferente a si son considerados menores.
“Digamos que hay mucha protección cuando son menores y mucha desprotección y falta de política de integración cuando cumplen la mayoría de edad”, dicen a dos responsables de un Dispositivo de Emergencia para Menores Extranjeros no Acompañados (DEMENA) de Gran Canaria, que prefieren mantener el anonimato.
Tras el volumen de llegadas de este año a las islas, que superan ya las 37.000 personas, el Gobierno Canario cuenta bajo su tutela con en torno a 4.500 menores, según indica la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez. Se trata de una cifra que, sin embargo, fluctúa en función de las llegadas y que depende de la determinación de la edad, que se realiza a través de un proceso que consta de unas pruebas óseas –que según han advertido juristas expertos a veces establecen unas edades que no se corresponden con la realidad–, una entrevista con un forense y una decisión de la Fiscalía.
En el caso del DEMENA consultado, sólo se ha determinado la edad del 24 % de los menores que acogen y el 76 % restante está a la espera de que se les diga qué edad tienen. Y, en caso de considerarse que tienen la mayoría de edad, deberán salir del sistema de protección del menor.
Vulnerabilidad de extutelados
Si se determina por este proceso que son mayores de edad sus alternativas son cuatro: Solicitar una plaza en un centro de emancipación, que son “muy pocos” y están “saturados, con listas de espera tremendas”, explica el personal del DEMENA; que se les facilite un pasaje para la reagrupación si tienen a sus familiares en España o la Unión Europea, u optar por trabajar si en el tiempo que han estado en el centro de menores se ha logrado regularizarlos.
Como a la administración “le cuesta muchísimo” documentar a estos menores no acompañados “hay muchos que salen con 18 años con una mano delante y otra detrás”, asegura la abogada canaria de origen saharaui Loueila Mint El Mammy, que acaba de recibir un premio del Ministerio de Igualdad por su compromiso con estos colectivos.
La letrada aboga por “un compromiso de hacer un seguimiento” por parte de la Administración “de todos aquellos menores que alcanzan la mayoría de edad y que van a salir: Uno, porque puede ser que no tengan los 18, que tengan menos, y lo sabemos; o dos, que realmente a una persona con 18 años que ha estado tutelada por sus padres, que son el Gobierno de Canarias, no se la puede soltar así porque así”. Y es que la cuarta opción consiste en quedarse en la calle, en la que cientos de menores.
La Islamofobia está viva
El 93% se declara víctima de racismo. La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha llevado a cabo la investigación ¿Por qué no se denuncia la islamofobia en España?, elaborada a nivel nacional, de la que se extrae, entre otras conclusiones, que el 93% de las personas que pertenecen a la comunidad musulmana afirman haber sido víctimas de actitudes discriminatorias por motivos islamófobos, racistas y/o xenófobos. Esto supone, según han puesto de manifiesto desde la Asociación Marroquí a través de un comunicado, que “solo siete de cada 100 personas pertenecientes a dicho colectivo sienten que no han sufrido discriminación por dichos motivos en España”.
