El Ararteko reclamó ayer lunes en el Parlamento Vasco que la normativa urbanística que regula la apertura de centros de culto no sea utilizada por las administraciones públicas con objetivos "menos confesables" como la introducción de "barreras" al desarrollo de determinadas confesiones. Manuel Lezeartua planteó ayer sus aportaciones al Proyecto de Ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa de Euskadi, aprobado el pasado mes de junio por el Gobierno vasco.
El objetivo del proyecto es garantizar el respeto a la diversidad religiosa, así como la convivencia y el diálogo en igualdad de condiciones de todas las confesiones. En su intervención, el Ararteko afirmó que "la adecuada gestión pública del pluralismo religioso constituye una necesidad cada vez más relevante y urgente". Lezeartua indicó que "esto es así porque en Euskadi, la diversidad religiosa es, a día de hoy, un hecho social incontestable".
Lezeartua subrayó que es precisamente en el ámbito de la diversidad religiosa donde los poderes públicos vascos "tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar el libre ejercicio de la libertad religiosa, tanto en su vertiente individual, para practicar los actos de culto, como en su vertiente colectiva, mediante la apertura de espacios para su práctica". El Ararteko aludió en este sentido, a las objeciones que con argumentos urbanísticos, han planteado instituciones como los ayuntamientos de Gasteiz y Bilbao a la apertura de determinadas mezquitas en esos municipios.
Lezeartua advirtió de que debe evitarse que "tras la normativa urbanística que regula la apertura de lugares de culto se escondan otros motivos menos confesables, como, por ejemplo, introducir barreras al desarrollo de una determinada confesión". "Deben excluirse las normativas aparentemente neutras que no tienen como objetivo genuino regular el derecho a la libertad de religión, sino que persiguen, de manera indirecta, establecer restricciones a la libre apertura de lugares de culto", sostuvo.
El Ararteko precisó que la ordenación urbanística de los centros religiosos, "debe estar dirigida a garantizar su efectivo ejercicio, en igualdad de trato entre las confesiones religiosas, evitando la discriminación". Las administraciones públicas deben motivar las medidas acordadas, "en especial, cuando limiten el ejercicio de derechos o cuando exijan el cumplimiento de requisitos para desarrollar una determinada actividad".
