Gobierno vasco

Vivienda pone cupos en las VPO de alquiler para favorecer la cohesión social

Con el fin de facilitar el acceso de los menores de 36 años y favorecer la "mezcolanza"

26.12.2019 | 14:16
Un bloque de viviendas de VPO en Euskadi

GASTEIZ.   El Gobierno vasco introducirá cupos en las promociones de vivienda protegida de alquiler para facilitar el acceso a ellas de los menores de 36 años y favorecer la cohesión social y la "mezcolanza", de manera que cada comunidad de vecinos sea una "fotografía de la sociedad vasca".

Estas novedades se recogen en el Decreto de Colaboración Financiera y de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, cuyos detalles ha dado a conocer este jueves el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Además de regular las condiciones de la colaboración financiera con las entidades de crédito para actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo durante los años 2019 y 2020, este decreto también recoge otras disposiciones relacionadas con la vivienda.

Entre las novedades destaca la inclusión de cupos para la adjudicación de las próximas promociones de VPO y de alojamientos dotacionales en alquiler.

Así, hasta un máximo del 40 % de las viviendas no adaptadas se reservan para jóvenes, otro máximo del 40 % para titulares del derecho subjetivo a un piso, y un mínimo 10 % a colectivos de especial necesidad.

Para el cupo general queda un mínimo del 10 %. Cuando las reservadas para los cupos específicos no se adjudiquen en su totalidad pasarán a formar parte del general.

Arriola ha explicado que este paso busca dar una mayor oportunidad de acceso a la vivienda protegida a los jóvenes y supone una apuesta en "favor de la diversidad, de la integración y de la cohesión social en los núcleos residenciales". "Se trata de buscar una mezcolanza" en los bloques de vecinos, ha insistido.

"Queremos que cada comunidad de vecinos en alquiler protegido sea lo más parecido posible al conjunto de la sociedad vasca sin que se propicien áreas segregadas. Arriola ha apuntado que se han incluido estos cupos basándose en la experiencia y en atención a las sugerencias planteadas por los ayuntamientos.

Los requisitos de acceso a una VPO de alquiler no varían (renta, número de miembros de la unidad familiar y antigüedad en Etxebide), pero se aplicarán para cada uno de los cupos.

Con este decreto se modifican también algunos de los baremos de renta para acceder a una VPO. Así, para el alquiler de viviendas en régimen general se incrementa el límite inferior de renta anual, que pasa de 3.000 a 9.000 euros y el superior se mantiene sin cambios (39.000).

Para la compra de pisos de régimen general también se amplia el límite inferior (pasa de 9.000 a 12.000) y el superior no tiene cambios (39.000). Para la compra y alquiler de las viviendas tasadas autonómicas la renta mínima llega a los 15.000 euros (12.000 hasta ahora) y la máxima a 50.000, sin variaciones.

El decreto oficializa la adjudicación directa de viviendas públicas en alquiler a las personas especialmente vulnerables que hayan sufrido desahucio derivado de la Ley de Arrendamientos Urbanos (hoy mayoritarios), equiparando así el tratamiento que se daba a los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias.

Asimismo, Arriola ha explicado que se permitirá la adjudicación de alojamientos dotacionales a mayores de 70 años, aunque ya sean titulares de una vivienda, si incorporan esta al programa de vivienda vacía Bizigune.

Además, se crea un Fondo Especial para el Fomento de la Accesibilidad específico para mayores de 65 años y personas con discapacidad que tengan escasos ingresos o dificultades de acceso a financiación, destinado a facilitar la ejecución de obras de accesibilidad.

Se podrá sufragar con el fondo hasta el 100 % de la rehabilitación en accesibilidad no cubierta por el resto de subvenciones públicas destinadas a este fin. El porcentaje concreto estará en función de la renta anual y del número de miembros de la unidad convivencial.

Se crea también el Instrumento Financiero Especial para la Rehabilitación, que define la colaboración entre Vivienda, el Instituto Vasco de Finanzas y las entidades de crédito firmantes, para financiar actuaciones de rehabilitación, de accesibilidad y de mejora de la eficiencia energética.

Esta herramienta contempla un Fondo de Garantía que dará cobertura al 16 % de cada préstamo fallido y que estará dotado de 30 millones. EFE