BILBAO. En el acto de apertura del Año Judicial celebrado en Bilbao, ha advertido del aumento de casos pendientes en los juzgados vascos debido, fundamentalmente, al incremento de asuntos ingresados en la jurisdicción de lo Civil, en relación a las reclamaciones de consumidores por cláusulas abusivas en hipotecas y los procedimientos concursales.

Sin embargo, ha dicho, "más allá de las cifras, podemos y queremos seguir haciendo más para mejorar la eficiencia y a calidad del servicio público de la Justicia en el País Vasco".

Ha reconocido "con pesar" que en 2018 la Justicia en esta Comunidad Autónoma apenas presentó variaciones respecto al año anterior en cuanto a marcadores de eficiencia. Los 170 órganos judiciales vascos ingresaron 208.286 asuntos, 3.000 más que en el año anterior, y resolvieron 204.361 asuntos, un incremento de casi 10.000 respecto del año 2017, con una tasa de resolución del 0,98 sobre 1.

Pero, el número de asuntos en tramitación al acabar 2018 es superior al de los asuntos que se encontraban en tramitación al inicio de ese mismo año y así, la bolsa o tasa de pendencia en estos dos últimos años creció en un 20,5 % en 2017 y otro 3,3% en 2018, lo que supone que "se inició 2019 con un número de asuntos en los armarios equivalente a los ingresados en los últimos cuatro meses".

La sección Civil ingresó 84.300 asuntos el año pasado, al aumentar un 24,6% los de los juzgados de lo mercantil, un 13,5% en los juzgados de primera instancia y un 76,6% el incremento de entrada en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales.

Ibarra ha expresado su convencimiento de que "será posible" el reto de mejorar la calidad de la Justicia en Euskadi, "aún cuando nuestra determinación no vaya acompañada de las reformas estructurales y organizativas que, desde hace dos decenios, venimos calificando de urgentes".

Así, ha abogado por acometer "una reforma integral del sistema de justicia" como "objetivo crucial e inaplazable" ya que "modernizar la Administración de Justicia define una opción estratégica para el desarrollo de un Estado constitucional en el siglo XXI" y así, "invertir en Justicia es invertir en el desarrollo económico y en el sistema social en su conjunto".

Ibarra ha subrayado la "crucial importancia" de un acuerdo de voluntades interinstitucional" sobre el cual acometer esa reforma y por tanto, la necesidad de un pacto "para la acción sostenida" del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, que quede al margen de los partidos que en cada momento sostengan al Gobierno y que logre además un acuerdo social al respecto.

Ha insistido en mejorar la confianza de los ciudadanos en el sistema de la justicia y reforzar la percepción social sobre la independencia judicial.

Ibarra ha anunciado que promoverá un acuerdo interinstitucional "para situar a la Administración de Justicia en el País Vasco entre los servicios públicos de excelencia" y ha propuesto crear "un órgano de colaboración, encuentro y participación" entre el Gobierno Vasco, el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Fiscal y la representación de los Letrados de la Administración de Justicia en el País Vasco para planificar y evaluar en materia de personal, medios materiales, infraestructura digital y recursos económicos.