Madrid - La propuesta de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de grabar en aulas y despachos para evitar los abusos sexuales a menores en el entorno educativo fue recibida ayer con recelo por diferentes representantes de la comunidad educativa que exponen que esta medida confronta con el derecho a la intimidad de escolares y docentes. Por otro lado, en su memoria la Fiscalía alerta del “preocupante e inquietante” aumento de la violencia machista y sexual protagonizada por menores, con una subida del 43 por ciento de los casos de violación, 648.

En relación a la posibilidad de instalar cámaras en el ámbito escolar, el presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes Canae, Carlos López, afirmó a Europa Press que a la propuesta “le falta concreción” y supondría tener que “equilibrar el derecho a la intimidad y a la privacidad con la lucha efectiva contra los abusos sexuales”. Por parte de las familias, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Leticia Cardenal, rechazaó la sugerencia y mostró su desconfianza sobre el control que podrían tener las imágenes grabadas en los centros educativos. El presidente de Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero, dijo que la medida debería ser “consensuada y estudiada por todos los agentes sociales involucrados en la educación de los más jóvenes”. La reacción de algunos sindicatos docentes del Estado fue todavía más contundente. Por ejemplo, de CSIF, cuyo responsable de Educación, Mario Gutiérrez, calificó de “barbaridad” lo que consideró una “ocurrencia” de la Fiscalía. Para el presidente del sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), Nicolás Fernández, se trata de una medida “totalmente desproporcionada e ilegal porque en los centros los alumnos son menores que están bajo el amparo de la ley del menor”.

Según sostiene la Fiscalía en su Memoria, los abusos sexuales contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. “Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios”, apunta.

En este contexto, la institución hace hincapié en la “dificultad” de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve “en un entorno de extrema intimidad en su ejecución” y donde existe “una connotación de vergüenza” por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial. “Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas”, argumenta. Para evitar esto, el Ministerio Fiscal sugiere que se “podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones”.

Agresiones por menores En su memoria, la Fiscalia General señala que los procedimientos abiertos por diferentes delitos descienden ligeramente en 2018, si bien alerta del “preocupante e inquietante” aumento de la violencia machista y sexual protagonizada por menores, con una subida del 43 por ciento de los casos de violación, 648.

De “inquietante y preocupante” tilda la memoria los datos de la violencia de género y los abusos y agresiones sexuales entre menores, incluidas las violaciones en grupo, que cometen cada vez más menores de 14 años. - EP/Efe