diligencias preliminares del caso

Una anestesista ratifica ante la jueza las filtraciones en la OPE de Osakidetza

09.02.2020 | 04:18
El delegado del sindicato ESK, Patxi Nicolau (i), junto a Marta Macho, la anestesista que denunció las irregularidades en el OPE de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, salen este martes del juzgado provincial de Araba tras declarar en las diligencias pre

También ha declarado el representante del sindicato ESK Patxi Nicolau

GASTEIZ.  Macho ha sido una de las testigos que este martes ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gasteiz que ha comenzado a escuchar a los testigos e investigados por estas supuestas filtraciones citados esta semana. Esta mañana también ha declarado el representante del sindicato ESK Patxi Nicolau.

A su salida del Palacio de Justicia ambos han explicado ante los medios de comunicación que se han centrado en ratificar lo ya declarado ante la Fiscalía, de cómo sospecharon de la existencia de opositores que obtuvieron las respuestas antes de que se celebraran los exámenes y de los pasos dados desde entonces.

Macho, que ha testificado durante casi de una hora, ha asegurado que le han preguntado tanto la jueza, como la fiscal y los abogados de los tres jefes de servicio imputados en esta causa como presuntos responsables de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secreto por funcionario público por supuestamente haber filtrado a algunos opositores las pruebas de Anestesiología, Angiología y Digestivo. 

Nicolau ha indicado que los letrados de los tres imputados han centrado sus preguntas en la "implicación directa o indirecta" que hayan podido tener sus defendidos con el objetivo de "acotar daños".

El representante de ESK ha relatado también que la jueza se ha ceñido a la documentación que ha presentado la Fiscalía y que se ha tratado de una "primera toma de contacto". "El recorrido es largo y espero y estoy convencido de que habrá más declaraciones", ha asegurado.

Nicolau ha recordado que la Fiscalía incluía con presuntas irregularidades y ha añadido que tratarán de aportar todas las pruebas que puedan ayudar a que esas especialidades también se investiguen.

Se ha mostrado convencido de que se va a probar que había opositores que tenían las respuestas antes del examen y ha asegurado que su objetivo es que la consejería de Salud y la nueva dirección de Osakidetza "reconozcan este sistema clientelar" y que pongan medidas "concretas" para que esto no se vuelva a repetir.

También ha criticado las propuestas de Osakidetza para mejorar las OPE porque en su opinión no buscan evitar que esto vuelva a suceder sino que solo son acciones para "culminar" la última prueba.

Nicolau ha asegurado que con estas filtraciones los jefes de servicio buscaban asegurar "unos equipos acordes con las direcciones de los centros" y así decidían quiénes debían aprobar. 

Este miércoles está previsto que declaren como testigos los otros dos médicos que denunciaron estas filtraciones, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, así como la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. El jueves será el turno de los tres jefes de servicio investigados: César Augusto Valero, Reyes Vega y José Luis Cabriada. 

Este proceso judicial se inició raíz de las denuncias presentadas por varios sindicatos y después de que la Fiscalía Superior del País Vasco abriera diligencias para investigar si hubo irregularidades en 19 especialidades médicas en las últimas oposiciones de la sanidad vasca. Estas denuncias han llevado a Osakidetza a repetir cinco exámenes de tres categorías.

Tras su investigación, el fiscal vio indicios de delito por parte de los tres jefes de servicio citados y pidió a la jueza que los llamara a declarar como imputados. Solicitó asimismo la declaración de tres altos cargos de Osakidetza: el dimitido director de Recursos Humanos Juan Carlos Soto, el subdirector de Recursos Humanos, Xabier Balerdi, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay.

Todavía no hay fecha para que estos presten declaración, ya que serán llamados al final de la instrucción, de manera que en función del resultado de las diligencias previas se decidirá si comparecen como testigos o como imputados.

La polémica por esta OPE, en la que participaron 72.500 personas, motivó también la dimisión del consejero, Jon Darpón.

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