Bilbao - ¿Se acuerdan que cuando suspendían un examen les decían que les habían dado una calabaza? Pues eso, así acabó el conflicto de los colegios concertados, con los sindicatos dejando una calabaza a las puertas de la sede de Kristau Eskola. Eso sí, para compensar le pusieron a la patronal un sobresaliente en la asignatura de Alargar conflictos colectivos. Esta escena arrancaría más de una sonrisa si no fuera porque 107.000 estudiantes han perdido 24 días de clase este curso, porque muchos de ellos se la juegan dentro de unos días en la Selectividad y porque sus familias han tenido que contar hasta 10 muchas veces para no echar atrás el recibo del colegio por todas las horas lectivas perdidas.

Por todo esto, y porque la representación sindical de 9.000 profesionales que trabajan en el sector no han logrado cerrar un acuerdo para renovar el convenio colectivo y recuperar el poder adquisitivo perdido la última década después de contar con dos sentencias judiciales a su favor. Por no hablar del daño que el enfrentamiento ha causado en la imagen de los colegios de Kristau Eskola, AICE, Ikasgiltza y Centros Diocesanos, es decir, en el 70% de la enseñanza concertada. A nadie se le escapa que este panorama salpica al Departamento de Educación, no en vano el 50% del alumnado vasco estudia en la red concertada.

Una manifestación el próximo día 23, a las 18.45 horas, en Bilbao escribirá el epílogo de un curso que ha estado al rojo vivo pero, si no se produce un giro de 180 grados en las negociaciones, puede ser el prólogo de otro curso escolar no menos caliente. Los sindicatos ya lanzaron ayer un aviso a navegantes que no deja margen a la imaginación. “Si no hay ninguna modificación en las propuestas” de Kristau Eskola y “si sigue en esta actitud enrocada completamente y haciendo planteamientos que muestran esa cerrazón en sus posiciones” y no da “una respuesta seria”, no van a tener “más alternativa que seguir con las movilizaciones y las huelgas”.

Hay reivindicaciones en las que se han dado pasos gracias a la intervención del Departamento de Educación, que siempre ha mantenido que la resolución de este conflicto laboral corresponde a patronales y sindicatos. Y si no son capaces, siempre ha defendido que acudan a la mediación del Departamento de Trabajo o del Consejo de Relaciones Laborales, como en cualquier otro conflicto colectivo. No obstante el gabinete que dirige Cristina Uriarte plantea medidas para destensar los nudos de la negociación, como su propuesta de recolocación del personal por el cierre de aulas debido a la bajada de la natalidad, el contrato relevo, la equiparación salarial de los ciclos de ESO o la inyección de 2,6 millones de euros para contratar refuerzos en Educación Especial.

Los avances que se dieron en las reuniones bilaterales entre las centrales y Kristau Eskola que precedieron a la Mesa de Negociación del 25 de marzo llevaron a pensar que el acuerdo era posible. Sin embargo, este se topó con el tema salarios y con quién paga la factura. El problema de fondo es que Kristau Eskola, y el resto de patronales, se siente “infrafinanciada” y quiere ligar los salarios al pago delegado del concierto educativo que recibe del Gobierno vasco, cuando su personal acumula una pérdida de poder adquisitivo del 12%.

Esta estrategia pasa por alto que estos colegios son privados y que cobran todos los meses unas cuotas a las familias. Aceptar este planteamiento obligaría al Gobierno vasco a poner mucho dinero público encima de la mesa. Eso o cambiar el sistema de financiación del sistema educativo, lo cual depende del Parlamento Vasco, donde existe una gran división al respecto. Llegados a este punto, al margen de la anécdota de la calabaza, el último día de huelga fue una fotocopia de los anteriores: guerra de cifras sobre el seguimiento y sin nuevas reuniones a la vista.