La posibilidad aireada desde Moncloa de cambiar la ley para suplir el fin del estado de alarma ha acrecentado el desconcierto en los gobiernos de las comunidades. El Ejecutivo de Pedro Sánchez cree que lo peor de la pandemia ya ha pasado y entiende que hay suficientes instrumentos jurídicos para mantener las medidas restrictivas, algunas de las cuales afectan a derechos fundamentales. De hecho, el líder del PSOE aseguró ayer domingo que el Estado español está "a cien días de lograr la inmunidad de grupo" frente al coronavirus, ya que cuando transcurra ese tiempo estará vacunada el 70% de la población. Con todo, se ha lanzando una especie de globo sonda para acometer los cambios legales necesarios si el Tribunal Supremo veta los decretos de algunas autonomías para mantener el toque de queda o los confinamientos. Pese a ello, Moncloa recuerda que los presidentes autonómicos, entre ellos el lehendakari, Iñigo Urkullu, pueden pedir al Gobierno aprobar decretos de alarma solo para sus territorios.
Nada más conocerse esta posible reforma a través de un artículo en el diario El País del ministro Juan Carlos Campo, donde señalaba que esto "se estudiará y se propondrá a las Cortes", el propio responsable de Justicia tuvo que salir a matizar sus palabras para afirmar que no se estaba preparando un retoque legal de estas características y devolvió la pelota a las comunidades. Pero a la preocupación por las imágenes de masificación en las calles nada más levantarse la alerta se une ahora esta espita abierta desde el Ejecutivo central que tuvo que desdecir hasta Sánchez. "La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo", aclaró Campo en La Sexta. Precisó que no hay "ningún problema en revisarlo todo", porque todo es susceptible de mejora, pero en su ademán de rectificar puntualizó que "ahora mismo no hay necesidad ninguna, el Gobierno no se plantea un cambio normativo".
También el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, capeó el temporal refugiándose en que las autonomías pueden apelar al Supremo ante los criterios "no homogéneos" de los tribunales superiores de justicia. Y si en ese caso, "si viésemos que eso no funciona suficientemente, habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa" en la senda de lo inicialmente testado por Campo. De momento, el Gobierno canario ha anunciado ya un recurso al TS después de que el TSJ de la comunidad no autorizara ni el toque de queda ni el cierre perimetral.
Unos vaivenes que, por ejemplo, tienen "atónito" al PNV. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, afeó a Sánchez que "no ha sido hábil" al tomar la decisión de dejar a las comunidades sin un "paraguas jurídico". "No tiene sentido mantener el estado de alarma solo en algunas autonomías. En este año y medio de pandemia hemos comprobado lo rápido que cambian los números. Lo suyo sería mantenerlo en todo el Estado, que está totalmente justificado, y que cada comunidad decida si aplica o no las medidas en función de sus necesidades", indicó en Euskadi Irratia. Las quejas de dirigentes no han cesado. El líder de Más País, Iñigo Errejón, acusó al Gobierno de coalición de haberse "lavado las manos" al pasar la patata caliente "a la Justicia o las comunidades" para no acusar de nuevo "el desgaste" que sufrió durante los plenos de las sucesivas prórrogas. "Que se dejen de truquitos" como la moción de Murcia y que abandone los "titulares y anuncios grandilocuentes para retomar el pulso del país".
El 'plan jurídico' del PP
El PP no perdió ocasión en culpar al Gobierno de la situación generada. Su líder, Pablo Casado, exigió negociar una alternativa jurídica, el plan B que desde Génova se reclama desde 2020, porque al no existir "se ha pasado al plan C, el del caos", del que responsabiliza a Sánchez. "Las comunidades han hecho lo que han podido y los tribunales, más de lo que debían hacer", zanjó. El contexto es tan rocambolesco que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, pidió al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que tome medidas "valientes" para evitar fiestas y concentraciones, cuando todo ello se ha suscitado por el decaimiento de la alarma dictado desde Moncloa. Desde la Asamblea de Madrid, donde Ayuso ha sido la abanderada de la "libertad", el consejero de Justicia de la Comunidad, Enrique López, replicó que no es partidario del toque de queda porque no se puede cerrar "a miles de habitantes" por "un número limitado de irresponsables". Pero el ministro Campo piensa que el PP y los gobiernos que principalmente lidera ese partido "prefieren que sean otros los que pongan el cascabel al gato".
"Todas las comunidades tienen instrumentos suficientes y estamos a cien días de alcanzar la inmunidad de grupo"
Presidente del Gobierno español
"El PP y las comunidades que lidera quieren que sean otros quienes tomen las decisiones y pongan el cascabel al gato"
Ministro de Justicia
"Estamos atónitos ante este giro del Gobierno; no tiene sentido mantener el estado de alarma solo en algunas autonomías"
Portavoz del PNV en el Congreso
"Sin 'plan B' se ha pasado al 'plan C', el del caos; las comunidades han hecho lo que han podido, y los TSJ más de lo que debían"
Presidente del PP
