El agravamiento de los distintos conflictos bélicos en Oriente Medio está llevando la preocupación a las distintas esferas políticas, económicas y sociales. Sin visos de acabar pronto, la guerra está ya teniendo efectos muy serios en materia energética, con los precios del gas y el petróleo disparándose cada día en los mercados de mayoristas e intermediarios. La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, anunció hoy que el PNV ha enviado al Gobierno español una batería de 31 medidas para combatir las consecuencias socioeconómicas de la crisis, centradas sobre todo en rebajas de impuestos en electricidad para empresas y familias, así como ayudas y bonificaciones a pymes y autónomos.
Vaquero señaló que los efectos ya se están sintiendo en Euskadi, como el alza del precio de los carburantes y de la luz. Las repercusiones, apuntó la portavoz, se traducen “en dificultades” para las familias, especialmente las más vulnerables, así como para los autónomos y responsables de pequeños negocios que “ven como sus gastos se multiplican mientras los ingresos se mantienen o disminuyen”. A ello se suma, además, la “afección directa” a la industria.
Entre las medidas, Vaquero destacó “recuperar el escudo social energético para las personas vulnerables; limitar los precios de suministros esenciales, como el gas y las bombonas de butano; recuperar la excepción ibérica en el precio del gas que tras el covid y la guerra de Ucrania permitió controlar las facturas de consumo energético; o bonificaciones sobre el precio del carburante para algunos sectores profesionales, como el transporte de mercancías y viajeros, y la agricultura, ganadería y pesca”.
Sin duda, la medida más llamativa la constituye la recuperación del mecanismo del tope del gas, más conocido como la ‘excepción ibérica’. El documento del PNV aboga por “restablecer y actualizar” este instrumento introducido en 2022 tras la crisis inflacionaria en la energía “adaptando los umbrales de activación a la evolución de los precios del gas”. La influencia del gas, ahora un recurso cuyo precio crece cada día, puede disparar la factura final de la electricidad por su importante papel en la generación de la misma, algo que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la soberanía energética y la relevancia de impulsar el flujo de las renovables.
En el bloque de medidas fiscales y de reducción del coste de la energía, se incluye la reducción temporal del Impuesto Especial de Electricidad en función de la evolución de la energía en los mercados mayoristas; la eliminación del Impuesto al Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, también conocido como impuesto a la generación eléctrica y establecido ahora en el 7%; la bajada al 5% del IVA de la electricidad, la reducción de los peajes de transporte y distribución para la industria electrointensiva; y, con foco también en el tejido industrial, la compensación de los costes indirectos del dióxido de carbono.
De manera más específica, dentro del ámbito de las familias, se propone la limitación de precios en suministro esenciales, como la Tarifa de Último Recurso de gas y la bombona de butano; recuperar el bono social eléctrico para consumidores vulnerables y, en su caso, restablecer la prohibición del corte de suministro para estos colectivos. Por otra parte, y en el plano energético, la propuesta pide la aceleración de inversiones en redes y energías renovables.
Asimismo, y ante el aumento del precio de los carburantes, se reclama una bonificación de carácter extraordinario sobre los precios para sectores profesionales más dependientes del gasóleo y gasolina, como los transportes de viajeros y mercancías, agricultura, ganadería y pesca.
Otras reclamaciones son el aplazamiento de cuotas de Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta para empresas y autónomos, o ayudas directas de carácter temporal para autónomos y pymes del transporte profesional por carretera. Además, entre las medidas fiscales para autónomos y pequeñas empresas, incluye establecer un régimen especial de exención del IVA para pequeños empresarios con un umbral de hasta 85.000 euros de volumen de operaciones. “Pedimos al Gobierno español que atienda y escuche nuestras peticiones. Es hora de remangarse todos y acordar”, dijo Vaquero.
Por su parte, la secretaria de Programa de Bildu, Nerea Kortajarena, propuso al Ejecutivo de coalición medidas para que “las consecuencias de la guerra no las paguen” las familias, los trabajadores y las pymes. Además, planteó un impuesto solidario a las grandes empresas energéticas, ya que considera que las medidas para hacer frente a la crisis deben ser redistributivas. En ese sentido, incidió en la necesidad de “tomar medidas urgentes a corto plazo pero también miradas a medio largo plazo” porque las consecuencias “van a ser prolongadas y las vamos a sufrir durante mucho tiempo”.
