"Estoy comprometida con el cumplimiento íntegro del Estatuto esta legislatura"

—He tenido oportunidad de conversar en varias ocasiones con la ministra Darias y también con el secretario de Estado (Francisco Hernández Spínola) esta propuesta que nos llega. La hemos hablado con ellos y yo creo que es una propuesta que tiene su viabilidad. Ahora lo que toca es reunirnos y entrar al detalle de las cuestiones.

Andoni Ortuzar criticaba recientemente la lentitud del proceso. ¿Hay garantías de que se vaya a cumplir por fin el Estatuto?

—En cuanto a la lentitud, es lógico porque es una reivindicación histórica. Estamos hablando del cumplimiento íntegro del Estatuto del 79, de cuyo referéndum se cumplen 41 años la semana que viene. Por lo tanto, es una reivindicación que lleva su tiempo. Los plazos se han retrasado debido a la pandemia, pero yo entiendo que vamos a poder avanzar y desde luego estoy absolutamente comprometida con el cumplimiento íntegro del Estatuto en esta legislatura.

Da la sensación de que aquí a mayo de 2022, cuando se completaría la última transferencia, pueden pasar muchas cosas. ¿No teme cambios en la política estatal que puedan congelar el proceso?

—Temor no, lo que se trata es de avanzar en la medida que uno puede, poner todo el trabajo encima de la mesa y no cejar en el empeño. Por lo tanto, no vamos a ponernos en ese escenario. Nuestro escenario es el del trabajo, el de consensuar plazos y fechas, y el de ponerse a estudiar uno por uno los traspasos.

La última transferencia, la del régimen económico de la Seguridad Social, es a priori la que más problemas plantea.

—Yo no sé si es más complicada. Técnicamente puede tener alguna dificultad mayor, pero no deja de ser otra transferencia y entiendo que nada será insalvable. Ha sido algo de lo que se ha hablado más, pero para nada creo que tenga mayor dificultad y, en todo caso, se trata de otro traspaso que está en el Estatuto y, por lo tanto, hemos de acometer y acometeremos.

¿Ven reciprocidad por parte de un Gobierno español que hasta hace poco siempre se había cerrado en banda a este traspaso?

—La verdad es que las reuniones y conversaciones que he mantenido con la ministra y con el secretario de Estado han sido en buena sintonía. Yo lo que entiendo es que si han lanzado una propuesta en la que se incorpora la Seguridad Social no tengo por qué dudar de que se vaya a llevar a cabo.

Respecto a la transferencia de Prisiones, ¿supondrá que Euskadi pueda marcar su propia política penitenciaria o únicamente gestionará las cárceles?

—Hay una cierta confusión en el tema de Prisiones, son dos planos completamente diferentes. En un plano está la gestión de los centros, que es la competencia que aparece en el Estatuto de Gernika, y el otro plano es la legalidad penitenciaria, que obviamente sigue en manos del Estado y es su competencia.

Según el programa dado a conocer por Lakua, este cumplimiento del Estatuto de Gernika debería ir acompañado de la actualización del autogobierno. ¿Va en serio la apuesta por el nuevo Estatuto?

—Como es sabido, el tema de una reforma del Estatuto se residencia en el Parlamento, ya ha tenido un camino con una ponencia y expertos que han podido aportar y llegar a determinados consensos. Esa es la vía que se ha seguido y que se seguirá desarrollando. Nosotros desde el Departamento lo que sí haremos es ponernos a disposición del Parlamento en toda petición de informes.

¿Sigue teniendo valor el documento de la mesa de expertos -suscrito por PNV, PSE y Podemos- o hay que buscar consensos más amplios?

—La realidad es que corresponde al propio Parlamento debatir y definir cómo seguir llevando a cabo este proceso. Está en sus manos.

EH Bildu criticaba esta semana que el nuevo programa de autogobierno del Gobierno vasco supone una renuncia a buscar un nuevo estatus político para Euskadi.

—La sensación que me da es que estamos confundiendo a la sociedad y eso me preocupa. Yo creo que lo que tenemos que dar, y más en estos momentos de pandemia, es seguridad y tranquilidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Este tema es conocido y lo han trabajado los grupos parlamentarios, no entiendo por qué en este momento toca sacar ese debate cuando ha sido un tema pacífico.

¿No hay entonces un paso atrás por parte del Gobierno vasco en la búsqueda del nuevo estatus?

—No, no creo que haya ningún paso atrás.

¿Preocupa en el Departamento que las cuestiones de actualización del autogobierno queden en segundo plano ante la prioridad de lo relativo al covid-19?

—Todo esto es complementario y además un mayor autogobierno es sinónimo de mayor bienestar para la ciudadanía. Lo hemos vivido, poder gestionar desde nuestro propio ámbito y desde nuestro Gobierno es una señal de bienestar. Por lo tanto, hemos de compatibilizarlo y lo vamos a hacer, el Gobierno está trabajando en este momento en aspectos ligados a la pandemia y a la reactivación económica, pero nosotros seguimos también trabajando y reivindicando que se nos traspasen esas competencias que quedan pendientes.

La premisa es entonces disponer de más herramientas propias para combatir la crisis del coronavirus.

—Más herramientas propias para mayor bienestar de los ciudadanos en esta crisis y en el día a día.

La semana ha concluido con nuevas restricciones ante el aumento de contagios. ¿Servirán para revertir la situación?

—Es necesario tomar la delantera a lo que puede venir y los datos de los últimos días apuntan a que la situación se puede complicar. Eran necesarias estas nuevas medidas.

Pero siguen sin contemplar confinamientos por territorios o municipios.

—Sí. Las medidas que estamos tramitando están dirigidas a limitar la movilidad de las personas y los aforos en la actividad hostelera, eventos culturales e incluso ascensores. Lo que sí quiero subrayar es que es necesario que la ciudadanía renueve su compromiso de responsabilidad del que ha hecho gala hasta ahora. Y que adoptemos medidas de autoprotección, porque la protección de los demás empieza por la de uno mismo. Es una eficaz manera de solidaridad.

Ahora falta el visto bueno del TSJPV. ¿Confían en que avale todo el paquete de medidas?

—Confiamos en que será así, porque la orden en definitiva recoge estas nuevas medidas que se ajustan a la legalidad, como en anteriores ocasiones, y siempre en el marco de nuestras competencias.

Sobre los vaivenes de la política en el Estado, ¿cómo afecta al autogobierno vasco el choque de trenes visto en la Comunidad de Madrid?

—Es un tema que nos preocupa, pero no por que nos pueda afectar o no, sino por la gravedad de lo que está ocurriendo. Además de un conflicto político, también vemos un embrollo judicial y eso nos hace estar atentos, alerta, vigilantes. En la pandemia vimos que imponer un mando único no era la forma de actuar y nosotros siempre hemos abogado por un sistema de gobernanza colaborativa. Por lo tanto, estamos vigilantes.

¿Puede utilizarse el estado de alarma como excusa para intervenir competencias?

—Esperamos que no. La situación de Euskadi se está gestionando desde aquí, desde el Departamento de Salud y se está haciendo de una manera óptima. Nosotros pensamos que tenemos todos los instrumentos jurídicos para poder seguir gestionando la pandemia desde aquí.

Respecto a los choques competenciales, se han aminorado desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en comparación con los incesantes recursos al TC en el mandato de Mariano Rajoy. ¿Se ha mejorado en cooperación?

—No puedo hablar de gobiernos anteriores pero puedo hacer un balance de lo que estamos viviendo en este momento. Sigue habiendo recursos pero la vía es atender la relación fluida y de cooperación entre la Administración estatal y el Gobierno autonómico, para evitar judicializaciones y conflictos. Nosotros estamos ahí, en la defensa del autogobierno y para reclamar cualquier incumplimiento, intromisión o vaciamiento de nuestras competencias.

¿Los votos necesarios del PNV en el Congreso facilitan esa cooperación?

—No estoy pensando en esos términos. Nosotros nos dedicamos a hablar, a acudir a las comisiones bilaterales y a evitar en todo caso el conflicto. Esa es la vía que seguimos, la negociación y el diálogo.

En esta vía de búsqueda de la bilateralidad, ¿es Catalunya un aliado o va por libre?

—Todos conocemos que Catalunya está vivienda una situación compleja, los sentimientos están a flor de piel. Tiene sus propias coordenadas y coincidimos en algunos aspectos pero nos diferenciamos en muchos. A partir de ahí, veremos lo que ocurre en las elecciones del 14 de febrero y qué ruta marcarán.

En el marco europeo, ¿qué papel va a jugar Euskadi en la distribución de los fondos de reconstrucción?

—Lo decía el consejero Pedro Azpiazu: estamos en este momento recogiendo proyectos, se está desde el Gobierno en coordinación con las diputaciones forales, existe una secretaría técnica y hay tiempo para poder lanzar los proyectos y hacer la petición de fondos. Pero es muy pronto para hablar todavía.

¿Le inquieta que el Estado se agencie el papel distribuidor de los fondos y relegue a las comunidades autónomas?

—Nosotros seguimos nuestro camino. Trabajamos en proyectos que pueden ser de interés y que pueden ser merecedores de esos fondos europeos.

Ursula von der Leyen destacaba esta semana la importancia de las regiones en la nueva UE. ¿Es esto un espaldarazo a las tesis del Gobierno vasco?

—Como comentaba el otro día el lehendakari, es un posicionamiento que deja en muy buen lugar a la comunidad autónoma y a lo que estamos haciendo.

En lo que compete a la gobernanza pública, el plan de digitalización se antoja clave en esta legislatura.

—Se antoja clave en el sentido de que estos momentos, con la pandemia que vivimos, son un catalizador en materia de digitalización. Es cierto que la transformación digital estaba ahí, pero ahora vemos que esa necesidad se acelera. Nuestra prioridad es trabajar por una Administración más cercana al ciudadano, más ágil, más sencilla y que evite duplicidades. También queremos fomentar la interoperabilidad con las diputaciones para que no se tengan que presentar los mismos documentos en una y otra Administración. Se trata en definitiva de acercarnos a los ciudadanos y ciudadanas y que sientan la Administración como algo cercano.

¿Y lo sienten más cercano si es digital que si es presencial?

—No, una cosa no quita la otra. Lo que hacemos es garantizar que cualquier persona, en cualquier sitio, tenga o no un dispositivo, pueda tener ese cauce para interactuar con la Administración. En algunos casos será presencial y en muchos otros será digital, porque ciertamente no todas las personas tienen la misma accesibilidad digital.

¿Entra en este plan reforzar el teletrabajo?

—El Gobierno vasco ha sido pionero en el teletrabajo y lo que vamos a hacer es reformar y volver a desarrollar la normativa, que data de hace una década, para adecuarla a los nuevos tiempos. Queremos que se regule un teletrabajo con los medios necesarios para poderlo ejecutar.