- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dictó ayer una orden con la que se establece los criterios de actuación con "proporcionalidad y necesidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Ertzaintza y la Policía foral navarra, con el objetivo de cumplir con las restricciones del decreto por el que se declara la situación de estado de alarma para hacer frente al coronavirus. La orden detalla, entre otros temas, los criterios con los que actuarán los agentes para hacer cumplir las limitaciones para la libertad de circulación de los ciudadanos en la calle.
En la misma, asume el mando de policías autonómicas y locales para controlar movimientos de los ciudadanos y apoyar la labor sanitaria, apelando al "deber cívico de colaborar" con los agentes, con riesgo para los incumplidores de ser sancionados "con arreglo a las leyes". Fuentes del Gobierno aseguraron anoche que las sanciones se regularán por la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal.
Según informó Interior, se imparten "criterios comunes de actuación" para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "que deberán actuar de forma coordinada bajo el mando del ministro con el objetivo de hacer cumplir medidas como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar el funcionamiento de las infraestructuras críticas".
Señala en este sentido que "en todos los dispositivos de seguridad se potenciará la colaboración y coordinación entre los cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial en la que estarán representadas las comunidades". A tales efectos, el Ministerio del Interior constituirá un Centro de Coordinación Operativa "que asegure una transmisión permanente y continua de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y directrices de actuación como para la recepción y seguimiento de las novedades que se produzcan".
El objetivo de esta orden es "adecuar al ámbito competencial del Ministerio del Interior" las medidas contenidas en el Real Decreto "en relación con la actuación operativa que para su ejecución deban asumir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". También regula medidas de protección sanitaria para todos los policías.
Para ejecutar estas medidas, la resolución señala que "la ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones", y añade que "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes".
Todas estas medidas se aplicarán "de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad, dirigidos a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad", añade la orden del Ministerio del Interior. El decreto dictado por el Gobierno español establece que todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las autonómicas y locales, quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior para "la protección de personas, bienes y lugares".
Precisamente uno de los objetivos de la orden dictada por Grande-Marlaska es "garantizar una acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuerpos de policía autonómicos, las policías locales y el personal y empresas de seguridad privada, para la implantación y el cumplimiento, en todo el territorio nacional, de las medidas previstas en el decreto".
